El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno presentó los resultados del tercer informe del Plan de Inspección Total al Estado, revelando que existen más de 1,4 billones de pesos en transferencias a fundaciones sin rendición acreditada. Además, anunció la apertura de cuatro nuevas investigaciones en el marco del plan y advirtió sobre un incremento en el uso del trato directo en compras públicas.
En su cuarta sesión, el comité decidió instruir indagatorias específicas en los ministerios del Deporte, Energía, Agricultura y Salud, tras detectar antecedentes que requieren revisión exhaustiva y la eventual definición de responsabilidades.
En el Ministerio del Deporte, la investigación se enfocará en el Instituto Nacional de Deportes, con énfasis en la administración, transferencia y rendición de recursos públicos. En Energía, la revisión abarcará a la Agencia de Sostenibilidad Energética, considerando transferencias, rendiciones, contrataciones, ejecución de programas y cumplimiento de metas financiadas con fondos estatales. En Agricultura, se investigarán las transferencias a organismos ejecutores, evaluando rendiciones, regularidad de compras y contrataciones, así como el cumplimiento de objetivos y obligaciones. En Salud, se examinarán compras y contrataciones en subsecretarías, servicios dependientes y entidades ejecutoras.
“Estamos avanzando no solo en la detección de alertas, sino también en la adopción de decisiones concretas. Cuando encontramos antecedentes que requieren mayor profundidad, instruimos investigaciones, porque nuestro compromiso es proteger los recursos públicos y fortalecer los controles del Estado”, señaló la subsecretaria de la Segpres y presidenta del comité, Constanza Castillo.
Respecto de las transferencias a fundaciones, el Gobierno informó que durante la administración anterior se detectaron más de 5,4 billones de pesos que debieron ser rendidos; de ese monto, más de 1,4 billones no cuentan con rendición acreditada. Los servicios con mayor proporción no rendida son el Sence, el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura. Entre 2022 y 2026 se crearon 177 fundaciones que recibieron más de 11 mil millones de pesos sujetos a rendición; de ellos, más de 6.500 millones —cerca del 60%— no tienen respaldo de rendición, y en 79 de esas 177 entidades no existe registro alguno.
Castillo enfatizó que la responsabilidad estatal no termina con la transferencia: se mantiene hasta que los recursos estén correctamente ejecutados y rendidos. Aclaró que no se afirma la existencia de fraude en todos los casos, pero sí la presencia de señales de riesgo y conductas que deben corregirse para asegurar el buen uso de los fondos públicos. Añadió que se priorizará la revisión de las fundaciones creadas entre 2022 y 2026 y de aquellas con 0% de rendición, y que cualquier irregularidad será derivada a los órganos competentes. Confirmó también que hay fundaciones vinculadas al caso Convenios dentro del universo revisado.
El comité alertó, además, sobre el uso intensivo del trato directo en distintos organismos, con servicios donde más de la mitad de las compras se realizó sin licitación pública. Entre los casos más relevantes figuran el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos. Se observó un mayor empleo de causales como “proveedor único”, “confianza y seguridad” y “emergencia”. Esta última registró un uso 17% superior al del periodo de la pandemia, por lo que se revisarán sus fundamentos.
Respecto del avance de indagatorias previas, se informó que en Junaeb ya se denunció al Ministerio Público el pago de más de $14.000 millones por raciones no entregadas. En Transportes, se ha regularizado más del 80% de los $30.000 millones heredados sin respaldo administrativo suficiente, con pagos a proveedores y normalización de servicios a nivel regional y nacional. En Ciencia, ante más de $100.000 millones observados por incumplimientos en Becas Chile y otras transferencias, se solicitó una auditoría a la Contraloría y se ordenó una auditoría interna. En el Ministerio de la Mujer, surgieron nuevas alertas que obligaron a ampliar el alcance de la investigación en curso.
