El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno presentó el tercer informe del Plan de Inspección Total al Estado, revelando que existen más de 1,4 billones de pesos en transferencias a fundaciones sin rendición acreditada. Junto con ello, anunció la apertura de cuatro nuevas investigaciones y advirtió un incremento en el uso del trato directo en compras públicas.
En su cuarta sesión, el comité resolvió instruir indagatorias en los ministerios de Deporte, Energía, Agricultura y Salud, tras detectar antecedentes que requieren un examen más profundo y la eventual determinación de responsabilidades.
En Deporte, la revisión se enfocará en el Instituto Nacional de Deportes, particularmente en la administración, transferencia y rendición de recursos públicos. En Energía, el foco estará en la Agencia de Sostenibilidad Energética, abarcando transferencias, rendiciones, contrataciones, ejecución de programas y cumplimiento de metas financiadas con fondos estatales. En Agricultura, se investigarán las transferencias a organismos ejecutores, incluyendo rendiciones, compras y contrataciones, además del cumplimiento de objetivos y obligaciones. En Salud, se analizarán compras y contrataciones de subsecretarías, servicios dependientes y entidades ejecutoras.
“Avanzamos no solo en detectar alertas, sino en tomar decisiones concretas. Cuando hay antecedentes que requieren mayor escrutinio, instruimos investigaciones, porque nuestro compromiso es resguardar los recursos públicos y fortalecer el control del Estado”, señaló la subsecretaria de la Segpres y presidenta del comité, Constanza Castillo.
En cuanto a las transferencias a fundaciones, el Gobierno informó que durante la administración anterior se detectaron más de 5,4 billones de pesos que debían rendirse; de ellos, más de 1,4 billones no cuentan con rendición acreditada. Los servicios con mayor proporción no rendida son el Sence, el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura. Entre 2022 y 2026 se crearon 177 fundaciones que recibieron más de 11 mil millones de pesos sujetos a rendición; de ese total, sobre 6.500 millones —cerca del 60%— no tienen respaldo de rendición, y en 79 de esas entidades no existe registro alguno.
Castillo subrayó que la responsabilidad estatal no termina al transferir recursos, sino que se mantiene hasta su correcta ejecución y rendición. Aclaró que no se sostiene que en todos los casos exista fraude o delito, pero sí señales de riesgo que no deben normalizarse y conductas que requieren corrección. Añadió que se seguirá profundizando en las transferencias, con especial énfasis en las fundaciones creadas entre 2022 y 2026 y en aquellas con 0% de rendición. Indicó además que hay fundaciones vinculadas al caso Convenios que serán objeto prioritario de revisión.
El comité también levantó una alerta por el uso intensivo del trato directo en diversos organismos, detectando servicios donde más de la mitad de las compras se hicieron sin licitación pública, como el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos. Se observó un aumento en las causales invocadas para estas compras, especialmente “proveedor único”, “confianza y seguridad” y “emergencia”. Esta última supera en 17% lo registrado durante la pandemia, por lo que se revisarán sus fundamentos.
Respecto de las investigaciones en curso, se informó que los antecedentes sobre más de 14.000 millones de pesos pagados por raciones no entregadas en Junaeb ya fueron remitidos al Ministerio Público. En Transportes, se ha regularizado más del 80% de los 30.000 millones sin respaldo administrativo, con pagos a proveedores y normalización de servicios a nivel regional y nacional. En Ciencia, ante más de 100.000 millones asociados a incumplimientos en Becas Chile y otras transferencias, se solicitó una auditoría a la Contraloría y se ordenó una auditoría interna. En el Ministerio de la Mujer, nuevas alertas surgidas en las últimas semanas motivaron ampliar el alcance de la investigación.
