El exministro de Seguridad y Justicia, Luis Cordero, advirtió que el debate sobre la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente podría caer en un “circuito extremadamente perverso” si se limita a proponer que jóvenes de 16 y 17 años sean tratados como adultos, sin abordar con seriedad la reinserción.
En conversación con Radio Pauta, señaló que, al observar las trayectorias de jóvenes infractores, la edad promedio actual ronda los 16 años, pero muchos inician su vinculación con el delito desde los 10 u 11 años. Por ello, cuestionó que se presente como única salida el endurecimiento de sanciones, ya que podría favorecer el reclutamiento por parte de bandas que buscan menores para delitos violentos.
Apuntó que conductas como las encerronas o portonazos suelen funcionar como delitos de iniciación y que, según los datos, la intervención de adultos aparece en etapas posteriores. En ese contexto, planteó la interrogante de fondo: si se van a endurecer las penas a los 16 o 17 años, ¿qué se hará antes para evitar que esos jóvenes lleguen a ese punto?
Cordero subrayó la necesidad de entender los factores que empujan a los menores a delinquir —como la ostentación y la promesa de resultados rápidos— y recalcó que la respuesta social pasa por intervenir tempranamente. Afirmó que quien comete delitos debe enfrentar consecuencias dentro del sistema penal, pero insistió en la obligación del Estado de garantizar procesos efectivos de reinserción.
Finalmente, alertó que plantear el trato adulto para adolescentes sin una estrategia clara de reinserción conduce a un escenario indeseable. Añadió que estos esfuerzos no solo competen al sector público: el mundo privado también debe involucrarse en la reintegración de jóvenes.
