El Gobierno de Costa Rica informó que la construcción de su megacárcel, inspirada en el modelo de El Salvador, alcanza un 64 % de avance y que las personas privadas de libertad en ese centro vestirán uniformes naranjas, una práctica que no se aplicaba desde hace cinco décadas. “Estoy muy contenta por el avance del proyecto. Esa cárcel va a ser una realidad muy pronto”, declaró la presidenta Laura Fernández en su conferencia semanal.
El complejo, denominado Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), se edifica desde enero, tendrá capacidad para 5.100 reclusos y un costo aproximado de 35 millones de dólares, según datos oficiales. Se construye contiguo a La Reforma, la principal prisión del país, en un contexto de homicidios en niveles históricos, con alrededor de 900 al año, de los cuales cerca del 70 % se atribuyen al narcotráfico.
Fernández adelantó su intención de organizar visitas al CACCO para estudiantes de comunidades con alta vulnerabilidad, con el propósito de que observen de primera mano las condiciones de vida en el penal. Por su parte, el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, anunció que los uniformes naranjas serán confeccionados por mujeres privadas de libertad del centro penal femenino El Buen Pastor, con telas donadas por el sector privado.
Aguilar afirmó que la indumentaria cumple estándares de seguridad y normativa internacional, y que su uso facilitará las requisas, mejorará la identificación de los internos, fortalecerá la seguridad y evitará el comercio de prendas dentro del penal. Recordó que Costa Rica no uniformaba a su población penitenciaria desde hace más de 50 años y señaló que el uniforme simbolizará orden, máxima seguridad y disciplina. El uso de estos uniformes se limitará a quienes sean trasladados al CACCO, perfilado para personas catalogadas de máxima peligrosidad.
El Ejecutivo también comunicó que, durante este año, personas privadas de libertad que no sean de alta peligrosidad realizarán labores de limpieza de maleza en carreteras, así como mantenimiento de parques, playas y otros espacios públicos, dentro del plan “Cero ocio en las cárceles”.
Finalmente, la presidenta Fernández, quien ha prometido una política de mano dura contra el crimen, exhortó al Congreso a acelerar un paquete de reformas en materia de seguridad. Entre ellas destaca una iniciativa para permitir el trabajo remunerado de la población penitenciaria en empresas, destinando los ingresos a su manutención, apoyo a sus familias, reparación a las víctimas y ahorro personal.
