El Consejo para la Transparencia (CPLT) remitió al Ministerio de Hacienda un listado de deudores que acumulan 155 multas por incumplimientos a la Ley de Transparencia, entre los que figuran autoridades y funcionarios públicos. La información consolidada fue entregada al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, e incluye sanciones cursadas entre enero de 2022 y enero de 2026.
La entrega, gestionada por el Consejo Directivo del CPLT, busca fortalecer la coordinación institucional para que la Tesorería General de la República ejecute con mayor celeridad las acciones de cobro que le corresponden.
El catastro identifica a 142 funcionarios pertenecientes a más de 90 organismos del sector público, como municipalidades, gobiernos regionales, servicios, corporaciones y asociaciones municipales, además de una superintendencia. Más de la mitad de las multas afectan a alcaldes o jefes de servicio; el resto corresponde a encargados de transparencia, administradores y secretarios municipales, asesores jurídicos y otros responsables. En algunos casos, los sancionados registran dos o hasta tres multas sin pagar, con situaciones que incluyen tanto a personas en ejercicio como a exfuncionarios.
La presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió que el no pago de sanciones firmes por vulnerar la Ley de Transparencia constituye una señal grave, enfatizando que en el país nadie está por encima de la ley. Añadió que se están realizando coordinaciones con la Subsecretaría de Hacienda para que la Tesorería cobre las multas impuestas que permanecen impagas.
Conforme a la Ley de Transparencia, las sanciones oscilan entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual del jefe de servicio o del funcionario responsable, según la gravedad de la infracción y lo acreditado en el procedimiento respectivo.
El registro revela que más de dos tercios de las multas pendientes se originan en faltas de transparencia activa, relativas a la obligación de mantener publicada y actualizada información como contratos, compras, dotación, remuneraciones y ejecución presupuestaria en el Portal de Transparencia o en los sitios institucionales. También se consignan sanciones por incumplimientos en la entrega de información solicitada por la ciudadanía.
