El diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, cuestionó los cobros del TAG y de los peajes en diversas rutas del país, a propósito de un reportaje de investigación que describió un “impuesto encubierto” que recaudaría el Fisco mediante segundas concesiones. Autor de una iniciativa para eliminar las multas asociadas al TAG, Mulet afirmó que en múltiples casos “se está pagando de nuevo” por infraestructuras ya construidas. Recordó que el objetivo original de los cobros era financiar la construcción de carreteras y autopistas urbanas inexistentes y recuperar la inversión en un plazo definido.
Según el parlamentario, el problema radica en que los contratos se han ido renovando con las obras ya operativas, manteniendo o subiendo los cobros, lo que —a su juicio— convirtió estos pagos en “un verdadero impuesto por circular”. Sostuvo además que esta práctica es inconstitucional, porque no ha sido establecida mediante una ley aprobada por el Congreso, y que las renovaciones de concesiones han permitido perpetuar los cargos sin debate parlamentario.
Mulet criticó que el mecanismo no pase por el Legislativo y lo calificó de “muy injusto”. Apuntó a que existen zonas con peajes “carísimos” que impactan a quienes deben viajar diariamente, y que algo similar ocurre con el TAG. Recordó compromisos del exministro de Obras Públicas Martín Arrau para revisar y reajustar estos cobros, y expresó su expectativa de que el actual ministro, Louis De Grange, avance en rebajas tanto del TAG como de los peajes, dado que —según señaló— se han transformado en impuestos que no han sido discutidos en el Congreso.
El diputado también denunció un carácter “abusivo” del sistema, argumentando que no debería funcionar para generar utilidades con las carreteras, sino para costear su uso y desgaste. Afirmó que la situación es grave y que su bancada la ha denunciado.
De acuerdo con proyecciones de una investigación periodística, el Ministerio de Obras Públicas aprobó contratos de segundas concesiones durante las administraciones de Sebastián Piñera y Gabriel Boric que, en conjunto, aportarían al Estado alrededor de $2,67 billones a lo largo de su vigencia. Solo por compartición de ingresos, el Fisco recaudaría cerca de $76 mil millones anuales mientras operen cinco concesiones. En la Ruta 5, los tramos Santiago-Los Vilos, Chillán-Collipulli y Talca-Chillán reportarían aproximadamente $18 mil millones, $11 mil millones y $10 mil millones al año, respectivamente, y la Ruta 78 cerca de $11.500 millones por año.
En la Ruta 68, el Estado recibe el 6,9% de los peajes, salvo en tres plazas de la Ruta 60 —Quilpué Norte, Quilpué Sur y Troncal Sur— donde percibe el 100% de lo pagado. Además de la compartición de ingresos, la investigación identificó otros cobros: el uso de infraestructura preexistente —por el cual el concesionario paga al Estado por carreteras ya construidas— sumaría unos $929 mil millones en tres rutas. A esto se agrega un pago por bienes o derechos en el contrato de la Ruta 5 Talca-Chillán, por alrededor de $455 mil millones.
Tras descontar el pago final que el Estado debe devolver a las concesionarias, el cálculo de la investigación estima ganancias netas para el Fisco cercanas a $580 mil millones solo por el arriendo de tres carreteras. En el tramo Talca-Chillán de la Ruta 5, el Estado captaría cerca del 46% de toda la recaudación; así, de un peaje de $3.300 en Retiro o Río Claro, el Fisco recibiría aproximadamente $1.524.
