La forma de aplicar gradualmente la Sala Cuna Universal se ha convertido en uno de los ejes del debate en el Senado. En este marco, miembros de la Comisión de Educación manifestaron disposición a estudiar la reducción del plazo para alcanzar la cobertura total, de cuatro a dos años, tras la propuesta planteada por un grupo de economistas en una carta publicada en la prensa.
La Comisión de Educación ya organiza el trabajo que retomará tras la semana regional, con miras a continuar la discusión en particular del proyecto de ley de Sala Cuna Universal. Para ello, se fijaron dos sesiones —lunes y martes— con el objetivo de acelerar el avance de la iniciativa, ingresada durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, en 2022.
Uno de los focos de la discusión es la gradualidad definida por el Ejecutivo. Las indicaciones del Gobierno contemplan una implementación progresiva en cuatro años, previo a alcanzar la universalidad del beneficio. No obstante, economistas han sostenido que las proyecciones de uso podrían estar sobreestimadas, lo que abriría espacio para acortar ese periodo a dos años.
Desde la Comisión de Educación, el senador Vlado Mirosevic (Partido Liberal) consideró que la alternativa merece evaluación, advirtiendo que un despliegue demasiado largo podría dejar sin acceso a familias cuyos hijos estarían fuera del rango de edad cuando el beneficio complete su implementación.
En tanto, el senador independiente de la bancada del Partido Republicano, Cristian Vial, planteó que cualquier ajuste requiere conocer primero la posición del Ministerio de Hacienda respecto de la disponibilidad de recursos. A su juicio, durante el perfeccionamiento del articulado se podría abordar el cambio, siempre que existan holguras presupuestarias.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sanhueza (UDI), admitió que la gradualidad ha sido tema de conversación interna y es perfectamente discutible, aunque subrayó que está estrechamente vinculada a consideraciones financieras. Anticipó que, de no resolverse en esa instancia, la definición quedará en manos de la Comisión de Hacienda.
El proyecto seguirá su tramitación en la Comisión de Educación del Senado, donde se continuará revisando el articulado antes de pasar a Hacienda. La iniciativa mantiene, además, la urgencia de discusión inmediata otorgada por el Gobierno.
