La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, rechazó que en el municipio existan persecución laboral o amenazas, luego de que el 2.º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago condenara a la casa consistorial por un despido calificado como discriminatorio por afinidad política.
En su resolución, el juez Santiago Peña Bazán ordenó a la Municipalidad de Quilicura pagar tres indemnizaciones, por un total superior a $66 millones, al exdirector de la Escuela de Música Enrique Soro, cuyo fin de contrato fue notificado el 9 de enero de 2025.
“Como Municipalidad de Quilicura, rechazamos categóricamente la narrativa expuesta en este fallo de primera instancia, ya que la información vertida en él no se ajusta a la realidad de los hechos”, sostuvo Bobadilla.
La jefa comunal informó que el equipo jurídico ya trabaja en la apelación para revertir el dictamen. Señaló además que “no permitiremos que se disfrace de ‘discriminación política’ lo que en realidad fue un despido fundamentado en faltas graves a la probidad”.
Añadió que no hubo persecución ni amenazas, sino la aplicación estricta de la normativa ante la conducta de un exfuncionario que, a su juicio, vulneró principios éticos de la administración pública. Recalcó que su gestión se ha apegado a la ley, la probidad y el respeto por la diversidad de opiniones políticas.
“No permitiremos que se construyan relatos ajenos a la realidad para desacreditar el trabajo serio y transparente que hemos llevado adelante en beneficio de las y los vecinos de Quilicura”, concluyó.
