La bancada del Partido de la Gente en la Cámara de Diputadas y Diputados anunció que promoverá la creación de una Comisión Especial Investigadora para examinar el sistema de concesiones viales y sus esquemas de cobro en Chile, a partir de antecedentes revelados por una reciente investigación periodística.
Según informó el partido, la instancia buscará recabar información sobre la planificación, adjudicación, fiscalización y operación de las carreteras concesionadas, así como el papel desempeñado por el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Concesiones y la Dirección de Vialidad en cada etapa.
El anuncio se produjo luego de que un reportaje expusiera que el Estado percibiría cerca de $2,7 billones mediante disposiciones incluidas en contratos de segundas concesiones, tales como compartición de ingresos, pagos por infraestructura existente y cobros vinculados a bienes o derechos. Además, la publicación indicó que, contrario a lo prometido cuando se instauró el sistema en los años noventa, los peajes no han bajado tras recuperarse la inversión inicial y, en ciertos casos, una parte relevante de lo recaudado va directamente al fisco.
Desde la bancada del PDG reconocieron el aporte de las concesiones al desarrollo de la infraestructura, pero advirtieron sobre críticas crecientes al estado de algunas rutas, a la calidad del servicio y a las condiciones de seguridad. También cuestionaron los mecanismos de cobro en autopistas y las multas del sistema TAG, recogiendo inquietudes del movimiento No + TAG y de gremios del transporte de carga.
Los diputados plantearon, además, la necesidad de actualizar los sistemas de vigilancia en carreteras, con la evaluación de tecnologías como cámaras de alta resolución, reconocimiento facial y herramientas para identificar patentes en condiciones climáticas adversas o ante intentos de adulteración.
“Son cifras que ameritan una investigación seria. La conectividad es clave, pero cuando hay dudas sobre la calidad de las vías, la seguridad, la fiscalización y los cobros a los usuarios, tenemos el deber de verificar si el sistema funciona como corresponde”, afirmó el diputado Patricio Briones.
La comisión también pretende revisar el modelo de relicitaciones al término de los contratos originales. Según el PDG, estos procesos podrían estar prolongando por décadas los cobros a los usuarios, por lo que estiman necesario evaluar si hoy aseguran competencia efectiva para el Estado y beneficios concretos para las comunidades.
Desde la bancada subrayaron que el objetivo no es eliminar el sistema de concesiones, sino perfeccionarlo, reforzando la fiscalización, la transparencia y la eficiencia. La solicitud para constituir la Comisión Especial Investigadora será ingresada a la Cámara en los próximos días.
