El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió una tutela por vulneración de derechos fundamentales y condenó a la Municipalidad de Quilicura, liderada por Paulina Bobadilla, a pagar más de 66 millones de pesos por el despido del exdirector de la Escuela de Música Enrique Soro, calificado como discriminatorio por motivos de afinidad política.
Según la sentencia del juez Santiago Peña Bazán, se ordenó el pago de tres conceptos: $2.320.684 por indemnización sustitutiva, $45.949.543 por el recargo del 80% y ocho remuneraciones adicionales por $18.565.472. El afectado ejerció el cargo desde el 2 de enero de 2009 hasta el 9 de enero de 2025.
Durante ese período se le atribuyó participación en actividades políticas a raíz de una publicación en su cuenta personal de Instagram, lo que derivó en la apertura de un sumario administrativo. El 18 del mismo mes se le formuló un único cargo por faltas a la probidad. El funcionario presentó sus descargos el 31 de diciembre de 2024, pero ese mismo día el municipio emitió el decreto alcaldicio que puso término a su contrato, notificado el 9 de enero de 2025. El denunciante afirmó que sus descargos no fueron considerados y que no recibió comunicación formal ni carta de despido.
El exfuncionario sostuvo que su integridad psíquica fue afectada. Afirmó que desde junio de 2023 la alcaldesa lo convocaba para instruirlo a presionar a docentes con el fin de controlar sus interacciones en redes sociales con personas con las que ella mantenía conflictos, advirtiendo eventuales despidos a quienes no se alinearan con la gestión. Señaló que la situación se repitió y que incluso el entonces director del Departamento de Educación Municipal, Ángel Abarca, le pidió dirigirse a los profesores porque la alcaldía estaría revisando sus cuentas personales y publicaciones.
Relató además un episodio del 5 de septiembre de 2024, día en que Valentín Trujillo recibió el Premio Nacional de Música. Ese día publicó una historia en Instagram con un collage de funcionarios junto a Trujillo, en la que destacaba el exalcalde Juan Carrasco, candidato en las municipales de 2024. Sostuvo que, tras esa publicación, la alcaldesa envió al administrador municipal para exigirle que retirara la historia.
También indicó que el 23 de octubre de 2024 manifestó su apoyo a otro candidato en el marco de la campaña municipal, fuera del horario laboral, y negó haber asistido a cierres de campaña durante su jornada, como se le imputó.
El tribunal concluyó que el municipio no aportó argumentos suficientes ni prueba que permitiera acreditar la justificación y proporcionalidad del despido. Por ello, determinó que hubo vulneración de derechos fundamentales al desvincularlo por razones de afinidad política.
