Un grupo transversal de diputadas y diputados solicitó al Gobierno otorgar urgencia a un proyecto de ley que endurece las sanciones contra adultos que utilicen a niños, niñas y adolescentes para cometer delitos, elevando las penas y ampliando las conductas sancionables.
La petición fue presentada al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, por los diputados César Valenzuela, Tatiana Urrutia y Benjamín Lorca, quienes pidieron el respaldo del Ejecutivo y una urgencia legislativa para acelerar su tramitación en el Congreso.
La iniciativa propone modificar el Código Penal para sancionar no solo a quienes delinquen junto a menores, sino también a quienes los inducen, presionan, facilitan, promueven o instrumentalizan para participar en hechos ilícitos.
Actualmente, la ley contempla agravantes para adultos que cometen delitos con menores de edad. No obstante, sus impulsores advierten que existen vacíos cuando el adulto no participa directamente, pero sí se vale del menor para ejecutar el delito.
Por ello, el proyecto establece expresamente penas más altas para mayores de edad que induzcan, utilicen, faciliten u obliguen a niños y adolescentes a delinquir en su nombre.
La propuesta incrementa las sanciones cuando el adulto se aprovecha de relaciones de dependencia, vulnerabilidad o cercanía familiar con el menor, incluyendo vínculos de parentesco.
Además, si durante el delito el niño o adolescente sufre lesiones graves, gravísimas o fallece, el adulto enfrentará un aumento adicional de la pena.
El diputado César Valenzuela (PS), autor de la iniciativa, señaló que el objetivo es complementar el proyecto del Gobierno que sanciona el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. Si bien valoró esa propuesta y su urgencia, advirtió que resulta insuficiente, pues existen numerosos casos donde niños y adolescentes son utilizados para cometer delitos sin integrar organizaciones criminales. A su juicio, hay consenso político en perseguir a quienes involucren a menores, cualquiera sea el mecanismo empleado.
La diputada Tatiana Urrutia (FA) destacó que el Ejecutivo descartara reducir la edad de responsabilidad penal adolescente y sostuvo que el foco debe estar en los adultos que instrumentalizan a menores. Agregó que el aumento de penas debe ir acompañado de prevención, afirmando que la evidencia muestra que no basta con endurecer castigos y que se requieren medidas para impedir la captación de niñas, niños y adolescentes, junto con reforzar la reinserción.
Por su parte, el diputado Benjamín Lorca (PR) remarcó que enfrentar al crimen organizado exige una respuesta transversal. Rechazó la inacción ante el reclutamiento e instrumentalización de menores por parte de adultos y subrayó que el proyecto busca saldar una deuda del Estado con la protección de la infancia, al hacerse cargo de un problema profundamente arraigado en la sociedad.
