Ante sus vecinos de Viña del Mar, Villa Alemana y Limache, se mostraban como repartidores y manicuristas que trabajaban sin llamar la atención. Detrás de esa apariencia operaba “Los Piratas”, una célula del Tren de Aragua considerada entre las más violentas en la Región de Valparaíso. Según documentos judiciales, la organización no solo imponía un sistema extorsivo para dominar el mercado de drogas, sino que además llevaba contabilidad clandestina, almacenaba armas con números de serie adulterados y mantenía un grupo de sicarios que ejecutaba ajustes de cuentas con extrema brutalidad.
Investigación
El Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar emitió un veredicto condenatorio contra 11 miembros de “Los Piratas”, activos desde mayo de 2022 en Viña del Mar, Villa Alemana y Limache. La pesquisa, a cargo del Equipo ECOH de la Fiscalía y la PDI, develó una estructura con mando vertical. En la cúpide estaba Carlos Luis Padilla, “Toro”, quien aparentaba ser repartidor mientras administraba las ganancias del tráfico, controlaba el armamento y registraba los movimientos en un cuaderno con columnas de “Debe” y “Me dio”, reportando a superiores conocidos como “Vladimir” o “Ruso”. Su pareja, Aracne Santos Pérez, se encargaba del lavado de activos mediante cuentas bancarias respaldadas con la fachada de servicios de manicure. El dominio de la Plaza Vergara lo ejercía Katherine Castillo Salas, “Kata”, como jefa de plaza a cargo de vendedores y “soldados” de barrio.
Modus operandi
La banda aseguraba el monopolio de ketamina, cocaína base y cannabis mediante un tributo extorsivo llamado “causa”, que microtraficantes locales debían pagar para operar en su territorio. El líder realizaba rondas de control en un Nissan Versa para inspeccionar puntos de acopio, verificar inventarios, recaudar dinero y mantener la disciplina interna a través de amenazas.
Crímenes de sangre
El brazo armado lo integraban los sicarios Juan José Farías Vásquez (“Chencho”), Renzo Espinoza López (“Chuky”) y José Alexander Colina Figueredo (“Arcángel”). El tribunal acreditó, entre otros hechos, el homicidio de Alejandro Barrera el 19 de noviembre de 2023 en Viña del Mar, atacado con al menos diez disparos calibre .45 mientras dormía en un asentamiento precario. También dio por probado un secuestro con homicidio calificado del 13 de julio de 2024: la víctima fue sacada de su casa, trasladada a un sector aislado y asesinada con al menos 41 tiros. La caída del grupo ocurrió el 29 de agosto de 2024, tras allanamientos que incautaron pistolas Sig Sauer, cargadores Glock y una Bersa Thunder con serie borrada, arma que “Arcángel” intentó desechar por una ventana dentro de una caja.
Desde la Fiscalía, el persecutor del ECOH subrayó que el juicio —de más de un mes— terminó con condenas para los 11 acusados por asociación criminal, tráfico de drogas, homicidios calificados, secuestro con homicidio, tenencia de armas y lavado de activos. Añadió que para los principales cabecillas se solicitaron presidio perpetuo y, en total, penas que superan los 150 años.
Penas solicitadas
La lectura de sentencia quedó fijada para el 22 de julio de 2026. En su petitorio, el Ministerio Público pide 65 años de presidio para Carlos Luis Padilla por asociación ilícita, narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos. Para Aracne Santos, 20 años; y para Katherine Castillo, 30 años. El castigo más alto se reserva para el brazo armado: para José Alexander Colina (“Arcángel”), presidio perpetuo calificado por el secuestro con homicidio, más 33 años por delitos de armas y drogas; y para Juan José Farías (“Chencho”), presidio perpetuo simple más 23 años adicionales.
Valoración del Gobierno
Tras conocerse el veredicto, la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, destacó que se trata de un golpe relevante contra el crimen organizado y de una muestra del resultado del trabajo coordinado entre la Fiscalía Regional de Valparaíso, el equipo ECOH y la PDI, que permitió desarticular esta célula y acreditar su participación en delitos graves. Reafirmó que el Ministerio de Seguridad Pública continuará colaborando con el Ministerio Público y las policías para desmantelar estructuras criminales y llevar ante la justicia a sus integrantes, enfatizando que el combate al crimen organizado requiere más Estado, coordinación y capacidades investigativas.
