Ante sus vecinos de Viña del Mar, Villa Alemana y Limache, se hacían pasar por repartidores de delivery y manicuristas. En realidad, integraban “Los Piratas”, una de las células más violentas del Tren de Aragua en la Región de Valparaíso. Documentos judiciales revelan que la agrupación monopolizaba el narcomercado mediante cobros extorsivos llamados “causas”, llevaba registros contables secretos y sostenía su dominio con un arsenal de armas adulteradas y un brazo ejecutor dispuesto a descargar hasta 41 balazos en sus venganzas.
Investigación
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar dictó veredicto condenatorio contra los 11 miembros de “Los Piratas”, activos desde mayo de 2022. La investigación, dirigida por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y la PDI, estableció una estructura jerarquizada. En la cúpula figuraba Carlos Luis Padilla, “Toro”, quien ocultaba su rol tras el oficio de repartidor. Administraba las ganancias del tráfico, controlaba el armamento y registraba ingresos y egresos en un cuaderno con glosas de “Debe” y “Me dio”, reportando a mandos extranjeros apodados “Vladimir” o “Ruso”. Su pareja, Aracne Santos Pérez, estaba a cargo del lavado de activos a través de cuentas bancarias que justificaba con su trabajo de manicurista. El control territorial en Plaza Vergara recaía en Katherine Castillo Salas, “Kata”, encargada de supervisar a vendedores y “soldados” en la calle.
Modus operandi
La banda imponía un sistema de dominación para acaparar la venta de ketamina, cocaína base y cannabis sativa. Permitía operar a microtraficantes externos solo si pagaban la “causa”, un tributo periódico para obtener autorización. Padilla realizaba rondas de vigilancia en un Nissan Versa a casas de acopio y subordinados, con el fin de revisar stock, recaudar dinero y reforzar la disciplina mediante amenazas.
Crímenes violentos
El brazo armado, compuesto por los sicarios Juan José Farías Vásquez (“Chencho”), Renzo Espinoza López (“Chuky”) y José Alexander Colina Figueredo (“Arcángel”), ejecutaba represalias. El tribunal acreditó, entre otros hechos, el asesinato de Alejandro Barrera el 19 de noviembre de 2023 en Viña del Mar, a quien le dispararon al menos 10 veces con calibre .45 mientras dormía en un “ruco”. También se estableció un secuestro con homicidio calificado del 13 de julio de 2024: la víctima, no identificada, fue sacada de su hogar, subida a un auto y acribillada con al menos 41 tiros en un lugar apartado. La caída del grupo ocurrió el 29 de agosto de 2024, tras allanamientos masivos que incautaron pistolas Sig Sauer, cargadores Glock y una Bersa Thunder con número de serie limado, arma que “Arcángel” intentó desechar por una ventana dentro de una caja de zapatos.
Resultados judiciales
El fiscal del ECOH destacó que, tras más de un mes de juicio, se obtuvo condena para los 11 acusados por todos los cargos: tráfico de drogas, homicidios calificados, secuestro con homicidio, tenencia de armas de fuego y lavado de activos. Para los líderes se solicitaron penas de presidio perpetuo y un total que supera los 150 años.
Penas solicitadas
La lectura de sentencia quedó fijada para el 22 de julio de 2026. La Fiscalía pidió 65 años para Carlos Luis Padilla por asociación criminal, tráfico de drogas y armas, y lavado de activos; 20 años para Aracne Santos; y 30 años para Katherine Castillo. Para el brazo armado, se solicitó presidio perpetuo calificado para José Alexander Colina (“Arcángel”) por secuestro con homicidio, más 33 años por delitos de armas y narcotráfico; y presidio perpetuo simple para Juan José Farías (“Chencho”), además de 23 años adicionales.
Reacción del Gobierno
La subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, valoró el veredicto como un golpe relevante al crimen organizado y una prueba del trabajo coordinado entre Fiscalía y PDI, que permitió desarticular la célula y acreditar delitos de extrema gravedad. Reafirmó que el Ministerio de Seguridad Pública continuará colaborando con el Ministerio Público y las policías para desbaratar organizaciones, llevar a sus miembros ante la justicia y fortalecer las capacidades del Estado frente al crimen organizado.
