Al menos 150 techos fueron demolidos, 4,5 hectáreas quedaron despejadas y tres personas resultaron detenidas en la nueva fase de demolición y desalojo de la megatoma de San Antonio, en la región de Valparaíso. Entre los detenidos figura un individuo con una abultada deuda por pensión de alimentos.
Los trabajos se retomaron el martes, con maquinaria operando en el lote donde se ubican los campamentos Fuerza Guerrera y Agua Salada. Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en ese sector residen 115 personas distribuidas en 156 techos; hasta las 14:00 de este miércoles, 150 ya habían sido derribados, quedando solo seis pendientes. De acuerdo con información radial, el proceso global de desalojo —que abarca 98,4 hectáreas— registra un avance cercano al 60%.
Debido a la celeridad de las faenas y al cumplimiento anticipado de los objetivos de esta etapa, se prevé que este jueves comiencen las tareas de acopio de escombros, para su posterior retiro por parte de los propietarios del terreno.
En materia policial, la general Patricia Vásquez, jefa de la Quinta Zona de Carabineros, calificó la jornada como tranquila y confirmó la detención de una persona con una causa vigente por pensión alimenticia en el Juzgado de Casablanca, con una deuda aproximada de 17 millones de pesos. Por ahora no se ha precisado su vínculo con el asentamiento, pese a que se encontraba en el lugar. La oficialidad destacó que, a diferencia de fases anteriores, no se han incautado vehículos con encargo por robo, aunque no se descarta que surjan situaciones delictivas en próximas intervenciones.
Respecto de los pasos siguientes, la delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, informó que, una vez concluidos los polígonos A1 y A2, el resto del terreno comenzará a trabajarse desde el lunes. Para este jueves, además, están programados el acopio de escombros y el cierre perimetral mediante zanjas. La autoridad adelantó que la próxima semana deberán demoler 333 techos, donde viven cerca de 460 personas, y recalcó que, además de la notificación judicial emitida en 2024 y los avisos realizados por las autoridades al asumir el Gobierno, se reforzó la información con avisos impresos instalados en los perímetros y en algunas viviendas.
