Operativo antidrogas de Valencia desata rebelión interna: Fiscalía mantiene controles con perros

Si existe una institución del Estado llamada a perseguir el narcotráfico y garantizar que quienes ejercen la persecución penal estén completamente alejados de cualquier vínculo con las drogas, esa es precisamente el Ministerio Público.

Por eso, cuando el 21 de enero de 2026 el hallazgo de restos de cocaína en un baño de la Fiscalía Centro Norte activó una investigación del OS7 de Carabineros, el fiscal nacional, Ángel Valencia, decidió adoptar una medida que no se conocía públicamente, y esto fue que ordenó, el 23 de enero pasado, el ingreso de perros detectores de droga de Carabineros para revisar las dependencias de la Fiscalía Nacional.

Los canes especializados comenzaron a recorrer oficinas, pasillos y espacios comunes olfateando en busca de sustancias ilícitas. Lo que para la máxima autoridad del Ministerio Público constituía una señal de tolerancia cero frente a cualquier eventual contaminación institucional, terminó convirtiéndose en uno de los conflictos laborales más bullados que ha enfrentado la institución en los últimos años.

La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (ANFUMIP) acusó que el procedimiento vulneró derechos fundamentales y presentó una tutela laboral contra el propio organismo. Sin embargo, durante la tramitación de la causa ocurrió algo que hasta ahora permanecía fuera del debate público: la Fiscalía decidió defender íntegramente el operativo, rechazó ante el tribunal cualquier compromiso para no repetirlo y dejó abierta la posibilidad de que nuevos controles con perros detectores de droga vuelvan a realizarse en sus dependencias.

Los perros que recorrieron la Fiscalía

La propia demanda describe que, durante la mañana del 23 de enero, efectivos del OS7 ingresaron a la Fiscalía Nacional acompañados por perros detectores de droga, pocas horas después de que BioBioChile, Radio Bío Bío y BBTV revelaran el hallazgo de restos de cocaína en la Fiscalía Centro Norte.

Según la acción judicial, el procedimiento no consistió únicamente en un recorrido preventivo.

Los dirigentes sostienen que algunos perros marcaron pertenencias de funcionarios, situación que derivó en la apertura de mochilas y bolsos personales “en pasillos y oficinas, a la vista de sus pares y del personal policial interviniente”.

La demanda afirma que varios trabajadores fueron expuestos a situaciones “denigrantes”, siendo sometidos —según describen— a un procedimiento “de carácter policial”, pese a que “no mediaba indicio individualizado ni sospecha fundada respecto de cada uno de ellos”.

La Fiscalía defiende el operativo

La respuesta del Ministerio Público llegó a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que asumió la representación judicial de la institución encabezada por el fiscal nacional, Ángel Valencia.

En un extenso escrito presentado ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, el abogado procurador fiscal de Santiago, Marcelo Chandía Peña, solicitó rechazar íntegramente la tutela laboral presentada por ANFUMIP e incluso cuestionó que el gremio estuviera habilitado para representar judicialmente a todos sus afiliados.

Según el Consejo de Defensa del Estado, “los hechos descritos en la denuncia no son efectivos”, sosteniendo que el operativo cuestionado se desarrolló dentro de las facultades legales del Ministerio Público y respondió a la necesidad de proteger el correcto funcionamiento institucional.

Para la defensa, el procedimiento no constituyó una investigación arbitraria contra los funcionarios, sino una medida excepcional adoptada tras el hallazgo de aparentes restos de cocaína en dependencias del propio Ministerio Público, circunstancia que —afirman— justificaba adoptar acciones orientadas a resguardar la confianza pública en la institución.

En definitiva, mientras ANFUMIP sostiene que los trabajadores fueron tratados como sospechosos, la Fiscalía plantea que el operativo respondió al deber institucional de reaccionar frente a un hecho especialmente grave para un organismo encargado de perseguir precisamente el narcotráfico.

Fiscalía rechaza comprometerse a no repetir los operativos

Uno de los momentos más relevantes de la audiencia ocurrió cuando el juez suplente Nicolás Martínez Núñez promovió una conciliación entre las partes. En ese contexto, ANFUMIP propuso que el Ministerio Público se comprometiera a no volver a realizar operativos como el del 23 de enero, es decir, que nunca más ingresaran perros detectores de droga a las dependencias institucionales.

La propuesta no prosperó. Según consta en el acta, la representación del Ministerio Público, ejercida por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), señaló que una decisión de esa naturaleza debía ser consultada con la institución. En los hechos, el fiscal nacional Ángel Valencia no aceptó asumir el compromiso que exigían los funcionarios, por lo que el magistrado declaró fracasada la conciliación.

Previamente, el mismo tribunal había rechazado la medida cautelar solicitada por la asociación de funcionarios para impedir que la Fiscalía volviera a ejecutar este tipo de procedimientos mientras se tramita el juicio.

En su resolución, el juez sostuvo que “no existen antecedentes suficientes” para presumir una vulneración de derechos fundamentales y agregó que las actuaciones cuestionadas fueron ejecutadas “en el marco de sus propias facultades”, considerando la función que cumple el Ministerio Público.

Con ello, la Fiscalía no solo evitó comprometerse a renunciar a futuros operativos con perros detectores de droga, sino que además obtuvo un primer pronunciamiento favorable del tribunal. Una controversia judicial que seguirá en manos de la justicia laboral.