Un hombre de 30 años quedó en prisión preventiva tras agredir a su exconviviente y atrincherarse en una vivienda de Achao, región de Los Lagos, armado con un machete y con su hijo de 4 años en brazos. El hecho se originó cuando la víctima, de 21 años, acudió a la Subcomisaría de Achao para denunciar el ataque. Presentaba lesiones visibles en el rostro y advirtió que el agresor permanecía en el domicilio junto al menor, aparentemente bajo efectos de alcohol y drogas.
Carabineros acompañó a la mujer hasta el inmueble, donde encontraron al sujeto con el niño y portando el arma blanca. Pese a las instrucciones policiales, el hombre amenazó a los funcionarios y se atrincheró, por lo que se solicitó apoyo del Retén de Curaco de Vélez.
Según el fiscal de Castro, Enrique Canales, al irrumpir el personal policial el imputado entregó al niño, tras lo cual se produjo un forcejeo para desarmarlo. Durante la reducción, el individuo mordió el dedo de un carabinero, provocándole una fractura, y otro funcionario sufrió un corte en la mano.
El hombre fue detenido por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, amenazas a Carabineros en el ejercicio de sus funciones y maltrato de obra a Carabineros, con resultado de lesiones leves y menos graves. El niño fue llevado a un centro de salud para constatar lesiones, sin presentar heridas, y quedó al cuidado de un familiar. En el procedimiento se incautó un machete artesanal con hoja de 60 centímetros y empuñadura de 15.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva, argumentando que su libertad supone un riesgo para las víctimas y la comunidad, considerando la multiplicidad de delitos, el nivel de violencia y antecedentes por hechos similares. El alcalde de Quinchao, René Garcés, calificó el episodio como grave y preocupante, subrayando la agresión contra una mujer y la exposición de un menor, y llamó a activar apoyos para la afectada y su entorno.
La directora regional del SernamEG en Los Lagos, Francisca Pérez, condenó lo ocurrido e informó que se dispusieron acompañamientos psicológicos y legales para la víctima y su familia, recalcando que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad pública que debe denunciarse.
El tribunal fijó 90 días para la investigación y el imputado fue trasladado al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Castro.
