La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en la Región de Magallanes, rechazó por unanimidad el recurso de reposición presentado por un oficial del Ejército investigado por la muerte de un cabo en una laguna perteneciente a una unidad militar.
El tribunal determinó que la institución actuó conforme a derecho al separar de sus funciones al sargento primero Jaime Huichalaf Zimmermann, indagado por el fallecimiento por asfixia del cabo Carlos Palacios Muñoz. Según la resolución, la medida adoptada por el Ejército responde a una atribución administrativa discrecional, al invocarse “necesidades del servicio”, y no constituye una sanción previa, desechando así la supuesta vulneración a la presunción de inocencia.
Huichalaf buscaba anular el decreto de la comandancia en jefe que dispuso su retiro temporal. En su presentación, calificó la decisión como ilegal y arbitraria, alegando que quebrantaba garantías constitucionales como la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia. Reconoció enfrentar procesos paralelos en la justicia militar y en la ordinaria por cuasidelito de homicidio y desobediencia, sin que exista hasta ahora una condena.
La comandancia general del Ejército defendió ante la Corte la legalidad del acto administrativo y negó que se trate de una persecución o castigo anticipado. Sostuvo que la muerte del cabo Palacios provocó un impacto negativo y severo en la imagen institucional, el orden interno, la disciplina y la confianza pública en la Región de Magallanes, razones que justifican la medida adoptada.
