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Contraloría halla deficiencias en la estrategia nacional contra residuos marinos y microplásticos

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Escrito por:Simón Yáñez

La Contraloría General de la República auditó la implementación de la Estrategia Nacional para la Gestión de Residuos Marinos y Microplásticos, aprobada en 2021 por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

El organismo fiscalizador concluyó que la Subsecretaría del Medio Ambiente, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) no realizaron gestiones suficientes para promover y difundir los programas asociados.

La revisión, efectuada por el Departamento de Control Externo de la División de Infraestructura y Regulación de la Contraloría y presentada en el Informe Final N° 129 de 2026, evaluó la ejecución del plan, los procesos de contratación, pagos y viáticos, la coordinación entre instituciones y el cumplimiento de las metas fijadas para el período 2021-2030.

Entre las principales observaciones, se indica que el Ministerio del Medio Ambiente no acreditó contar con procedimientos, lineamientos o directrices para monitorear el avance de las acciones comprometidas. A marzo de 2026, no disponía de información sistematizada sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, lo que, según la Contraloría, podría afectar la planificación, el control y la toma de decisiones.

Como medidas, la Contraloría ordenó a las subsecretarías adoptar, en un plazo de 60 días hábiles, acciones destinadas a reforzar la planificación, supervisión y seguimiento del Plan de Acción de la Estrategia.

En particular, a la Subsecretaría del Medio Ambiente se le requirió enviar los procedimientos y directrices para el seguimiento del plan, además de reportar las coordinaciones realizadas y la programación para ejecutar las tareas pendientes.

A la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura se le exigió acreditar la elaboración del informe técnico comprometido y detallar los avances vinculados al cumplimiento de las acciones previstas para 2026.

La auditoría también detectó problemas en procesos de pago asociados a actividades de difusión y capacitación. Por ello, la Subsecretaría del Medio Ambiente deberá ajustar sus procedimientos, fortalecer los controles y demostrar la incorporación de los antecedentes faltantes en los expedientes correspondientes.