Tras la semana distrital, el Gobierno activará su agenda legislativa para abordar la responsabilidad penal de menores, impulsado por el caso del niño de 12 años fallecido en San Bernardo. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, informó que la próxima semana se pondrá discusión inmediata a dos proyectos.
Uno corresponde a la reforma a la responsabilidad penal adolescente, de autoría del hoy senador Andrés Longton, que ingresará con un paquete de indicaciones del Ejecutivo. Estas apuntan a que, para un catálogo de 17 delitos graves —entre ellos homicidio e incendio—, jóvenes de 16 y 17 años puedan ser juzgados como adultos si así lo resuelve un juez. Además, se eliminaría la atenuante de irreprochable conducta anterior y, en caso de condena por estos delitos, los antecedentes se mantendrán en la adultez.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, adelantó que también se dará urgencia a la iniciativa que sanciona a bandas que utilicen a menores en la comisión de delitos.
El debate por cambios estructurales al sistema penal adolescente generó reacciones. En la UDI, el diputado Eduardo Cretton valoró el avance, pero afirmó que no es suficiente y que insistirán en rebajar la edad de imputabilidad. Desde la oposición, en tanto, advirtieron eventuales vicios de constitucionalidad, argumentando que no se puede fusionar un sistema especializado con el de adultos. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, encendió las alertas en esa línea.
En paralelo, diputados del Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Republicano se reunieron con el ministro de la Segpres, José García Ruminot, para solicitar respaldo a un proyecto que modifica el Código Penal y aumenta las penas a adultos que instrumentalicen a menores para delinquir. El Ejecutivo se comprometió a estudiar la propuesta.
