Sectores de la oposición advirtieron que podrían acudir nuevamente al Tribunal Constitucional ante el avance de las reformas a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, tal como ocurrió con el proyecto de Escuelas Protegidas. El motivo: eventuales choques con disposiciones constitucionales y tratados internacionales.
La controversia se reactivó luego de que el Gobierno anunciara urgencia para una reforma ingresada en 2022 por parlamentarios de Renovación Nacional, que busca endurecer las sanciones para adolescentes involucrados en delitos de alta gravedad. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, adelantó que las indicaciones formales se presentarán la próxima semana y que se propondrá permitir que jóvenes de 16 y 17 años puedan ser juzgados bajo el régimen penal de adultos cuando se les impute alguno de 17 delitos graves, como homicidio o secuestro. Esto operaría previa solicitud del fiscal y autorización judicial.
El plan también considera elevar penas para menores de 16 años en estos casos y suprimir ciertos beneficios para reincidentes con condenas por delitos graves. Al mismo tiempo, el Ejecutivo descartó reducir la edad de imputabilidad penal.
El diputado Juan Santana (PS) señaló que no descartan un requerimiento ante el Tribunal Constitucional si el texto del Ejecutivo vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño. En esa línea, la diputada Lorena Fries (FA) planteó que la iniciativa podría resultar inconstitucional, dado que los tratados internacionales suscritos por Chile fijan límites a las sanciones aplicables a niños, niñas y adolescentes.
Con todo, el abogado y académico de la Universidad de Santiago, Felipe Lizama, llamó a la prudencia. Sostuvo que, aunque existen resguardos internacionales especiales para menores de edad, corresponde revisar el contenido final de la reforma antes de afirmar una infracción constitucional.
La propuesta se encuentra en segundo trámite en el Senado. El Ejecutivo ingresará las indicaciones específicas la próxima semana, con discusión inmediata ya asignada para acelerar su tramitación.
