Bajo críticas transversales y con la eventual revisión del Tribunal Constitucional (TC) como telón de fondo, este lunes la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados retoma la tramitación del polémico Registro de Vándalos e Incivilidades.
Tras su ingreso, parte de la oposición pidió al gobierno retirar y reingresar el proyecto, a raíz del reciente fallo del TC que objetó la pérdida de gratuidad como sanción en la iniciativa de Escuelas Protegidas, considerando que la propuesta del registro se apoya en castigos accesorios de naturaleza similar.
El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, advirtió que, en su forma actual, el proyecto es deficiente y presenta vicios de constitucionalidad, por lo que espera que el Ejecutivo lo reoriente.
Desde la presidencia de la Comisión de Seguridad, el diputado republicano Cristián Araya admitió que la iniciativa requiere un análisis exhaustivo, motivo por el cual se abrió un periodo de audiencias y se prevé una reformulación del texto.
En la derecha también se intensificaron los reparos. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Naveillán, emplazó al gobierno a presentar una indicación sustitutiva integral y no descartó que el asunto termine nuevamente en el TC.
A su vez, el diputado de Renovación Nacional Luis Pardo, integrante de la Comisión de Educación, señaló que aguardan el detalle del fallo del Tribunal Constitucional para que el Ejecutivo ajuste el contenido del proyecto en consecuencia.
La sesión de este lunes en la Comisión de Seguridad tendrá como primer punto la discusión general de la propuesta. Están convocados el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y el biministro Claudio Alvarado, de quienes se espera un plan concreto de modificaciones.
