Se cumplieron mil días desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí en Gaza. Aunque rige un alto al fuego desde el 10 de octubre pasado, no se vislumbra una salida definitiva. Según Associated Press, Israel controlaba más de la mitad del territorio bajo la tregua y el gobierno de Benjamin Netanyahu busca extender ese control hasta cerca del 70%.
Mientras la atención internacional se concentra en el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, Canadá y México, más de dos millones de palestinos —en su mayoría desplazados y viviendo entre escombros— siguen con un futuro incierto. El Ministerio de Sanidad de Gaza, administrado por Hamás, reporta más de 73 mil fallecidos por ataques israelíes. Pese a la reducción de bombardeos desde el alto al fuego, continúan registrándose incidentes y las entradas y salidas de la Franja siguen fuertemente restringidas.
El miércoles, un ataque con dron cerca de una escuela-refugio en el noroeste de Gaza dejó dos muertos y varios heridos, informaron los hospitales Shifa y Al Saraya. Las autoridades locales contabilizan 1.053 palestinos muertos desde el inicio de la tregua. Naciones Unidas advierte que la expansión militar israelí eleva el riesgo para civiles en áreas sin delimitación clara.
Washington declaró en enero la segunda fase del acuerdo, que incluía el desarme de Hamás, una fuerza internacional de estabilización y la entrada de un comité tecnocrático palestino para administrar Gaza. En la práctica, estos puntos permanecen bloqueados. Hamás rechaza el desarme, principal exigencia de Israel, y demanda que se permita el acceso del comité administrativo, algo que no ha ocurrido.
El 22 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó la llamada Junta de la Paz, concebida para la reconstrucción de Gaza. La iniciativa, presentada en Davos, ha sido cuestionada por operar al margen de los mecanismos de la ONU y por el riesgo de consolidar estructuras injustas, según Amnistía Internacional. La membresía depende exclusivamente de Trump, que fijó un costo de mil millones de dólares por asiento. Sin respaldo de países como Reino Unido, Francia, Noruega o Suecia, el organismo mantiene escasa actividad pública y la implementación de fases del acuerdo permanece congelada.
Esta semana, la Junta afirmó que la UNRWA no tendrá ningún rol en Gaza, argumentando que se busca superar la dependencia crónica de la ayuda. También informó del arribo de “vehículos tácticos” a una base de la Fuerza Internacional de Seguridad próxima a la Franja y continuó los preparativos para un eventual despliegue multinacional, del que se conocen pocos detalles.
La situación humanitaria es crítica. La ONU estima en 35.200 millones de dólares los daños materiales y en 22.700 millones las pérdidas económicas. Varias zonas enfrentan hambruna, según la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria, y el Programa Mundial de Alimentos proyecta que 1,6 millones de personas sufrirán altos niveles de inseguridad alimentaria aguda este año. La ofensiva también agravó la crisis sanitaria: más de la mitad de los hospitales y el 58% de los centros de atención primaria operan, pero ninguno a plena capacidad. La OMS ha documentado ataques contra personal, centros y ambulancias, y reclama un corredor humanitario seguro para evacuaciones médicas, así como el movimiento sin trabas de personal y suministros esenciales.
Las rotaciones de los Equipos Médicos de Emergencia se reanudaron el 8 de marzo tras cierres fronterizos temporales, con 14 equipos ingresando para apoyar a los servicios de salud. Sin embargo, el acceso limitado a un día por semana ha reducido significativamente la cantidad de personal que puede rotar.
