Durante la selección del nuevo fiscal regional, los postulantes expusieron ante la Corte de Apelaciones de Chillán datos que revelan una tendencia alarmante. En Ñuble, las policías incautaron 186 armas en 2021 y 694 en 2025, un alza de 273%. La realidad operativa confirma el deterioro: tras años de baja en diversos ilícitos, Chillán registra hoy un incremento de 6,4% en robos con violencia y un aumento de 65% en delitos vinculados al control de armas, según Carabineros.
Expertos analizan el fenómeno
Especialistas en persecución penal sostienen que el país ha priorizado la investigación de delitos consumados, el combate al narcotráfico y la corrupción, sin consolidar una estrategia preventiva eficaz que frene el acceso de armamento a organizaciones criminales. El abogado y exfiscal militar Rodrigo Vera Lama advierte que el mayor uso de armas de fuego por bandas no es un episodio aislado, sino parte de una evolución de larga data. Antes eran comunes las armas hechizas de fabricación artesanal; hoy casi han desaparecido, reemplazadas por armas convencionales, de mejor calidad y con mayor poder de fuego. Ese cambio se refleja, además, en la comisión de homicidios: décadas atrás predominaban los ataques con armas blancas en contextos de riñas; actualmente cerca del 70% de los asesinatos se perpetran con armas de fuego, lo que sugiere más planificación y capacidad de daño.
El coronel (r) de Carabineros y especialista en seguridad nacional Jorge Aguirre Hrepic plantea mirar el fenómeno en su conjunto y subraya que el mercado ilegal opera con lógicas distintas al comercio formal. El usuario legal no coincide con quien participa del circuito ilícito: el delincuente accede a armamento mediante tráfico, robos, intermediarios o mercados clandestinos, tanto internos como transnacionales. Sobre el alza de incautaciones en Ñuble, llama a la cautela: puede reflejar más armas en circulación o una mejora en el trabajo policial. Lo central, sostiene, es retirar el armamento antes de que se utilice para delinquir.
Control y fiscalización
En el plano regulatorio, la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas fue modificada por la Ley 20.813, que endureció penas y amplió las facultades investigativas de fiscales y policías frente al porte y la tenencia ilegal. A ello se sumó el plan “Menos armas, más seguridad”, que incorporó un Plan Anual de Fiscalización de Armas de Fuego para revisar cada año un porcentaje de las armas inscritas. En 2024 se fiscalizó el 15,5% de las más de 770 mil armas activas en el país, gestión que derivó en casi 13 mil denuncias remitidas al Ministerio Público. En Ñuble, la cobertura alcanzó el 14,7%, sobre el umbral mínimo, aunque por debajo de regiones comparables.
Las cifras operativas de Carabineros dan cuenta de una actividad creciente: en 2024 se incautaron 3.321 armas de fuego a nivel nacional, se desarticularon 694 bandas delictuales, se fiscalizaron más de 68 mil armas inscritas y se recibieron de manera voluntaria cerca de 4.700 armas, además de más de 111 mil municiones entregadas por particulares.
