A dos meses de la salida de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad, un dictamen de la Contraloría General volvió a poner el caso en el centro del debate político. El pronunciamiento llevó al Gobierno a admitir que los ministros “pueden cometer errores” y empujó a la oposición a intentar fijar una postura unificada.
La Contraloría determinó que la exministra se excedió en sus facultades al pedir a la PDI antecedentes de funcionarios con los que trabajó cuando fue fiscal regional de Tarapacá, y que debió inhabilitarse por su vínculo previo con ese equipo. Con ello, se reabrió una controversia que parecía cerrada tras su salida, generando nuevas repercusiones para La Moneda y la oposición.
El origen del caso se remonta a marzo. A menos de dos días de asumir como la primera titular de Seguridad, Steinert envió un oficio reservado al director general de la PDI, Eduardo Cerna, requiriendo información detallada de los detectives que participaron junto a ella en la investigación del “Clan Chen”: nombres, RUT, grados, destinos actuales, antecedentes disciplinarios y eventuales denuncias penales. Poco después, la entonces subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña, fue removida, lo que desató suspicacias sobre una relación entre ambas decisiones.
Cuando estalló la polémica, el presidente José Antonio Kast respaldó públicamente a su ministra y negó que la salida de Peña estuviera ligada a gestiones del Ministerio de Seguridad. No obstante, la Contraloría concluyó que Steinert actuó fuera de las atribuciones legales y no observó el deber de abstención por su relación profesional previa con los funcionarios involucrados. Si bien el organismo no atribuyó responsabilidades penales ni cuestionó la legalidad de la remoción de Peña, sí señaló que la exministra no se ajustó estrictamente a las funciones que la ley asigna a su cargo.
Steinert, exfiscal regional de Tarapacá, permaneció 69 días en el ministerio. Su designación, impulsada por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, derivó en una de las primeras crisis del gobierno de Kast. Tras el dictamen, el Partido Comunista fue el primero en presionar por una acusación constitucional contra la exautoridad. Su timonel, Lautaro Carmona, afirmó que hubo uso indebido de atribuciones y que Steinert actuó con respaldo presidencial, advirtiendo que hechos similares podrían repetirse con este estilo de conducción. El diputado Luis Cuello sostuvo que el informe de Contraloría entrega insumos suficientes para un libelo y emplazó al Presidente a explicar por qué respaldó un oficio luego objetado por el ente fiscalizador.
La ofensiva, sin embargo, no ha alineado a toda la oposición. En el Partido Socialista, algunos parlamentarios estiman que el dictamen podría justificar una acusación, pero en otros sectores del Socialismo Democrático prevalece la cautela y se pide revisar los antecedentes antes de dar ese paso. En el Frente Amplio también hay matices: aunque han sido críticos del rol de Steinert y del manejo del Ejecutivo, no todos ven hoy la acusación como la mejor vía. La diputada Lorena Fries planteó que primero corresponde formar una comisión investigadora para esclarecer los hechos y definir responsabilidades políticas.
Esa mirada coincidió con la expresada desde el oficialismo por la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, quien defendió que una comisión permitiría recabar más información antes de discutir un libelo y sostuvo que el Presidente adoptó medidas para recomponer confianzas cuando se dimensionó la crisis.
Desde el Partido Republicano, la diputada Javiera Rodríguez descartó respaldar una acusación y dio por zanjado el episodio con la salida de Steinert, atribuyendo el impulso opositor a un intento de “empate político” tras el libelo presentado semanas atrás contra el exministro Nicolás Grau.
En definitiva, el dictamen de Contraloría no solo reabrió un flanco para el Gobierno, sino que expuso las diferencias tácticas en la oposición. Mientras el Partido Comunista busca reunir apoyos para una acusación constitucional, el Frente Amplio y parte del Socialismo Democrático se inclinan por una comisión investigadora previa, lo que confirma que, por ahora, no existe un relato común frente a una de las primeras crisis políticas de la administración de José Antonio Kast.
