Autor: Sebastián Catalán
Esta semana se registraron nuevos disturbios en el Instituto Nacional y sus alrededores. Un grupo de encapuchados, vestidos con overoles blancos, destruyó las puertas de los baños al interior del establecimiento y luego salió a la calle.
En la vía pública, lanzaron bombas molotov contra personal de Carabineros y levantaron barricadas incendiarias en las inmediaciones del colegio.
El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro repudió los hechos y anunció que evaluará medidas para recuperar las clases perdidas, entre ellas jornadas extendidas y ajustes al calendario escolar. También solicitó apoyo del Ministerio de Seguridad, Carabineros y el Ministerio Público para abordar el problema de manera integral.
Desde el municipio, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, instó al Ministerio de Educación y a la Dirección de Educación Pública a actuar con mayor firmeza y sin dilaciones. Además, planteó que se requiera la intervención inmediata de Carabineros para detener en flagrancia a quienes calificó como delincuentes que dañan la educación pública.
El excomisario de la PDI, Carlos Collao, advirtió que la violencia en los liceos emblemáticos requiere coordinación entre el Estado, las comunidades educativas y sus directivos. Afirmó que es fundamental identificar y sancionar a alumnos, apoderados y exalumnos que participen o incentiven estos hechos. Respecto de la rebaja de la edad de responsabilidad penal, señaló que no resolverá por sí sola el problema y que cualquier modificación debe ir acompañada de prevención, reinserción y un tratamiento especial para los menores, ya que la sola persecución penal es insuficiente.
Este nuevo episodio reaviva el debate sobre seguridad escolar en los colegios emblemáticos, donde autoridades y especialistas coinciden en combinar control, sanciones y estrategias preventivas para resguardar el derecho a estudiar.
