Con el inicio del debate en particular del Proyecto de Reconstrucción —conocido como megarreforma— en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, los senadores Alfonso de Urresti (PS), Ricardo Celis (PPD) y Diego Ibáñez (FA) ingresaron 22 indicaciones conjuntas para modificar normas ambientales del texto. A juicio de los legisladores, varias disposiciones implican un retroceso en la institucionalidad ambiental y requieren una revisión profunda.
Las propuestas buscan, entre otros puntos, fortalecer la evaluación ambiental en relocalizaciones de concesiones acuícolas, acotar los llamados “ajustes cartográficos” y reforzar la protección de áreas protegidas. También apuntan a suprimir artículos considerados regresivos, y a ajustar reglas sobre invalidación de resoluciones de calificación ambiental y medidas cautelares.
Cuestionamientos a la constitucionalidad de la megarreforma
El senador Alfonso de Urresti sostuvo que las exposiciones de académicos y exautoridades en la sesión reforzaron las dudas sobre la constitucionalidad de parte del proyecto. Según señaló, existen normas con impacto patrimonial para el Estado que además vulnerarían el texto constitucional.
De Urresti enfatizó que las observaciones se concentran en la regla que prevé compensaciones cuando se invalida una resolución de calificación ambiental, junto con otras disposiciones que calificó de regresivas e inéditas en el ordenamiento. Añadió que incluso gremios empresariales han manifestado reparos y que el debate ambiental debe separarse del resto de la iniciativa para ser tramitado en la comisión especializada, no dentro de una ley de “reconstrucción nacional”.
Respecto de los pasos a seguir, afirmó que la oposición evalúa presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional debido a los eventuales vicios de inconstitucionalidad detectados.
Coordinación opositora para presentar indicaciones
El senador Ricardo Celis valoró el trabajo conjunto y recalcó que la discusión ambiental debe radicarse en la Comisión de Medio Ambiente. Indicó que las 22 indicaciones buscan corregir aspectos que, a su juicio, dañan la política ambiental del país, y reiteró el llamado a que las autoridades aborden estos temas en la instancia técnica correspondiente.
Por su parte, Diego Ibáñez criticó especialmente la norma que contempla compensaciones cuando se anula una resolución de calificación ambiental. Afirmó que se trata de una reforma que debilita la protección del medio ambiente y cuestionó que el Estado deba restituir recursos a privados cuando un permiso se invalida por contaminación, calificándolo como un mecanismo inédito que operaría como un seguro sin aporte para el fisco.
Evaluación de acciones ante el Tribunal Constitucional
Ibáñez agregó que, junto a la oposición, han presentado más de 20 indicaciones y analizan seriamente recurrir al Tribunal Constitucional por la disposición que permite la restitución de fondos tras la anulación de una resolución ambiental.
El clima en la comisión sigue tenso, a la espera de la votación de las indicaciones y de una eventual presentación ante el máximo órgano de control constitucional. Los senadores opositores aseguran que agotarán las herramientas legislativas para cambiar el proyecto y que las normas ambientales deben ser tratadas con el rigor técnico que ofrece una comisión especializada.
