La Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de protección tarifaria eléctrica tras cerca de cinco horas de debate. La instancia cerró la discusión de la iniciativa, que busca extender el subsidio y evitar alzas en las cuentas de la luz, en una sesión con la presencia de la ministra de Energía, Ximena Rincón.
La propuesta, tramitada con discusión inmediata, fue respaldada en general y en particular en su primer trámite constitucional. Aunque al inicio algunos diputados plantearon retirar la urgencia para incorporar a más expertos, finalmente se procedió al debate y la votación, que terminó con la aprobación de la comisión.
Rincón valoró el trabajo previo que permitió arribar a este acuerdo. Señaló que el diseño se discutió durante casi tres meses, con gestiones paralelas junto a parlamentarios y equipos técnicos de ambas cámaras, lo que –dijo– se reflejó en el desarrollo de la sesión.
El Gobierno destacó el apoyo transversal que obtuvo el proyecto. Según la ministra, varias normas fueron aprobadas por unanimidad o con mayorías amplias, con solo dos o tres votos en contra en algunos casos. Subrayó además que la iniciativa aborda un problema heredado y responde al mandato presidencial de ordenar las cuentas públicas, transferir beneficios a la ciudadanía y asegurar que el desarrollo tenga impacto en los hogares.
La secretaria de Estado recalcó que el objetivo es dar competitividad al sector eléctrico, entregar certezas y fortalecer la seguridad del sistema. Frente a cuestionamientos de la oposición sobre el eventual traspaso de deudas a los clientes de menor consumo, sostuvo que el cobro será por nivel de consumo: las familias pagarán 5 pesos por kilovatio hora, de modo que quien consuma menos, pagará menos, y quien consuma más, pagará más.
Defendió también el mecanismo de pago, precisando que quienes no tienen deuda no asumirán costos y, en algunos casos, recibirán devoluciones, a diferencia de un esquema anterior en que todos terminaron pagando la deuda con generadoras. Añadió que el proyecto aborda la ausencia de subsidio prevista para 2027 y ordena un escenario de más largo plazo, descartando que la deuda se reparta en partes iguales entre empresas y personas.
Respecto de la continuidad del subsidio, recordó que el compromiso es evaluar una fórmula focalizada para los más vulnerables. Indicó que el 2027, sin subsidio, implicaba un alza, pero a partir de 2028 disminuiría el pago de la deuda. Aclaró, de todas formas, que cualquier mecanismo permanente de apoyo deberá tramitarse en una iniciativa distinta, mientras este proyecto se concentra en la deuda acumulada en transmisión y distribución.
La propuesta ahora seguirá su tramitación en el Senado, con el objetivo de establecer un mecanismo de resguardo frente al aumento de los costos de la energía.
