Como cada lunes, las directivas de los partidos de la oposición se reunieron en la sede del Partido Socialista para coordinar posiciones frente a diversos temas. Aunque la discusión principal giró en torno a la tramitación de la megarreforma, también se abordó el reciente dictamen de la Contraloría General de la República que determinó que la exministra Trinidad Steinert se excedió en sus funciones.
La semana pasada, en distintos sectores de la oposición surgieron voces a favor de evaluar una acusación constitucional contra la exsecretaria de Estado. Algunos dirigentes señalaron que el informe del órgano contralor entrega bases jurídicas para considerar esa opción, pero subrayaron que cualquier decisión debe ponderarse también desde el plano político. Con ese telón de fondo, el asunto volvió a tratarse este lunes en la mesa de presidentes.
Desde el Partido Comunista, colectividad que inicialmente empujó con más fuerza la idea de una acusación, su presidente, Lautaro Carmona, sostuvo que no existe intención de abusar de ese mecanismo.
En paralelo, el timonel del PPD, el diputado Raúl Soto, adelantó que propondrán a sus bancadas avanzar de manera conjunta en la creación de una comisión especial investigadora para reunir más información. No descartó que, si aparecen nuevos antecedentes o el caso escala, se consideren otras herramientas de fiscalización. A su juicio, por ahora lo más responsable es complementar lo ya expuesto por la Contraloría, dado que aún faltarían datos relevantes.
El debate sumó otra arista con las declaraciones del diputado UDI y presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, quien cuestionó el alcance del dictamen sobre Steinert y sugirió que la Contraloría podría estar yendo más allá de sus atribuciones al pronunciarse respecto de una autoridad de confianza política. Además, estimó que no hay tiempo para una acusación constitucional en este caso y llamó a poner atención al actuar del organismo, aunque reconoció su rol fiscalizador.
