Tres miembros de una banda dedicada a asaltar a choferes y peonetas de camiones repartidores, así como a locales comerciales de La Calera (Región de Valparaíso), fueron condenados a penas que, en conjunto, superan los 23 años de cárcel. Los delitos ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2024 y la sentencia se alcanzó tras una investigación del Sistema de Análisis Criminal.
La indagatoria, dirigida por la Fiscalía con apoyo de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, empleó interceptaciones telefónicas, análisis de tráfico de antenas, georreferenciación de celulares, además de vigilancias y seguimientos. Estas diligencias posibilitaron órdenes de entrada y registro, la detención de los involucrados y el decomiso de drogas, plantas de cannabis, municiones y un arma de fácil adaptación.
En el juicio se presentó prueba testimonial, pericial y documental por el delito de asociación criminal y otros ilícitos, respecto de un adulto, un adolescente y un tercer implicado que era menor cuando ocurrieron parte de los hechos. El Ministerio Público destacó la aplicación de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
La fiscal Lidia Aspee informó que el adolescente M.M.R.C. fue sentenciado a 4 años de internación en régimen cerrado por cinco robos con intimidación y asociación criminal.
Joaquín Ignacio Bravo González recibió 7 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por tráfico ilícito de drogas (artículo 3 de la Ley 20.000) y 541 días de presidio menor en su grado medio por porte y tenencia ilegal de municiones. Además, fue declarado autor de cinco robos con intimidación y asociación criminal. La persecutora precisó que, por la ficción legal de la normativa adolescente, los delitos que cometió cuando era menor quedaron absorbidos por los perpetrados ya en mayoría de edad, en este caso tráfico y tenencia de municiones.
Bastián Ignacio Saavedra Salazar, único adulto al momento de todos los hechos, fue condenado a 12 años de presidio mayor en su grado medio por tres robos con intimidación y a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo por asociación criminal.
La Fiscalía valoró la sentencia por acreditar asociación criminal, figura relativamente reciente y de alta exigencia probatoria, y subrayó que las penas se dictaron bajo la nueva normativa de responsabilidad penal adolescente. También reconoció el trabajo de la PDI de La Calera como clave para el resultado del caso.
