Tras la denuncia que involucra al exdiputado UDI Juan Manuel Fuenzalida en posibles hechos de corrupción, obstrucción a la justicia y presiones laborales, el exparlamentario reaccionó negando las imputaciones y dio un paso legal: se agendó una audiencia de cautela de garantías para que conozca las razones del allanamiento a su domicilio y a su antigua oficina en el Congreso.
De acuerdo con una declaración difundida por televisión, el caso se originó a partir del testimonio de una exjefa de gabinete, quien afirmó que Fuenzalida le exigía entregar en efectivo parte de su sueldo, conducta que, según su relato, también habría afectado a otros miembros de su equipo.
La misma exfuncionaria sostuvo, además, que durante el operativo en las oficinas del Congreso por el caso de Joaquín Lavín León (UDI), el exdiputado habría ordenado desechar dispositivos electrónicos en el inodoro. Junto con ello, apuntó a un supuesto uso indebido de una plataforma por parte de Fuenzalida y del propio Lavín.
Tras la difusión de estos antecedentes, Fuenzalida rechazó las acusaciones y señaló que recién este lunes conoció el presunto sustento del allanamiento realizado casi dos semanas atrás, no por canales formales, sino a través de la prensa.
A partir de la solicitud de su defensa, el Juzgado de Garantía de Valparaíso programó una audiencia de cautela de garantías para este miércoles 8 de julio, a las 09:00 horas. En esa sesión, se espera que el exdiputado acceda al detalle de los fundamentos que motivaron las diligencias del Ministerio Público en su domicilio y en dependencias del Congreso.
