El Tribunal de Apelación de París condenó este martes a Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa, a 45 meses de inhabilitación, de los cuales 30 quedan en suspenso salvo reincidencia. En la práctica, la sanción firme es de 15 meses, por lo que, técnicamente, podría presentarse a las presidenciales de 2027.
La dirigente también recibió una pena de tres años de prisión, con dos años exentos de cumplimiento. Deberá cumplir un año bajo control mediante brazalete electrónico, en condiciones que determinará el juez de ejecución de penas, además de una multa de 100.000 euros (unos 106 millones de pesos chilenos).
Le Pen, de 57 años, había advertido que no concurriría a los comicios si se le imponía el uso del brazalete, al considerar que una campaña bajo vigilancia restringiría su movilidad. Tiene previsto ofrecer una entrevista en la televisión francesa esta noche, donde podría aclarar si mantiene su aspiración presidencial o si cede el protagonismo a su aliado político Jordan Bardella.
Su abogado, Rodolphe Bosselut, expresó satisfacción parcial por la reducción sustancial de la pena y anunció que evaluarán íntegramente el fallo antes de comunicar las implicancias. Recalcó, además, la importancia de que los electores conserven la libertad para elegir a su candidato.
La presidenta del tribunal sostuvo, al leer la sentencia, que los responsables políticos deben ser ejemplares en el respeto de las normas. Los magistrados declararon culpables a Le Pen, a otros once acusados y a su partido, Agrupación Nacional, por la malversación de más de 2,8 millones de euros asignados por el Parlamento Europeo a asistentes parlamentarios, fondos que habrían sido destinados en realidad a personal del partido.
El abogado de la Eurocámara, Patrick Maisonneuve, valoró la resolución y destacó que se confirmó la existencia de una organización, sostenida durante años, destinada a desviar recursos públicos, lo que calificó de especialmente grave. Subrayó que, si los condenados no recurren ante el Tribunal Supremo, ello implicaría la aceptación de la condena por malversación de fondos públicos.
Finalmente, planteó una cuestión al electorado: si es aceptable que una persona condenada de forma firme por malversación de fondos europeos pueda aspirar a la presidencia.
