Tras varios meses fuera del primer plano, la exministra vocera Camila Vallejo reapareció este miércoles con un fuerte cuestionamiento al gobierno del presidente José Antonio Kast. Luego de participar en una actividad del Servel sobre violencia digital contra las mujeres, abordó la coyuntura política y arremetió contra la megarreforma, la agenda económica del Ejecutivo y sus propuestas en educación y seguridad.
A juicio de la exsecretaria de Estado, el actual gobierno promueve una agenda profundamente ideológica que favorece a los sectores de mayores ingresos en detrimento de las familias trabajadoras. Sostuvo que el principal problema del momento político es que “en Chile gobierna la ultraderecha”, alineada —según dijo— con referentes internacionales. Señaló que corrientes como las de Javier Milei y Donald Trump comparten una línea “dogmática, impositiva y poco dialogante”, con escasa disposición a construir acuerdos.
En ese marco, criticó con dureza la megarreforma del Ejecutivo, a la que calificó como una nueva forma de castigo para los hogares trabajadores. Para fundamentarlo, mencionó alzas en el costo de los combustibles, disminución de frecuencias del transporte público y una reducción de la capacidad del Estado para entregar servicios sociales. Afirmó que este enfoque tendría por objetivo aliviar la carga tributaria de grandes empresas y beneficiar al 1% con mayores ingresos. “¿Realmente quieren seguir castigando a las familias para favorecer al segmento más rico, incluidos algunos ministros?”, planteó.
Consultada por el manejo comunicacional del gobierno, Vallejo estimó que el problema no radica en las vocerías individuales, sino en el diseño político general, que —según su visión— trasladó al poder las lógicas de campaña. Criticó que la comunicación en redes durante la contienda electoral de la derecha radical se basó en desinformación y violencia, y advirtió que replicar ese estilo desde el Ejecutivo “no corresponde”. También objetó la eliminación de las vocerías institucionales semanales, medida que, a su juicio, daña la institucionalidad democrática.
En materia de seguridad, cuestionó la efectividad del registro nacional de vándalos y afirmó que no contribuye a mejorar la seguridad pública, señalando falta de seriedad en el enfoque del gobierno en esta área.
Finalmente, respondió a los reproches del oficialismo hacia la administración de Gabriel Boric por su desempeño económico y las auditorías impulsadas recientemente. Según Vallejo, el Ejecutivo ha convertido esas herramientas en un recurso político. “La labor del gobierno es gobernar, no centrar su estrategia en culpar al anterior”, concluyó.
