Un grupo de diputados oficialistas ingresó un proyecto de ley que busca impedir la entrega de pensiones de gracia a personas con antecedentes penales e incorporar causales claras para su revocación. La iniciativa, encabezada por la diputada republicana Javiera Rodríguez, responde a cuestionamientos surgidos tras el estallido social de 2019, cuando se detectaron beneficiarios con prontuario que luego reincidieron.
La propuesta pretende robustecer el marco jurídico de estas pensiones mediante la fijación de requisitos objetivos para su otorgamiento, la regulación legal del proceso de evaluación y la incorporación de inhabilidades expresas. También propone fortalecer la Comisión Especial Asesora, crear instancias permanentes de revisión y definir causales de revocación, con el fin de acotar la discrecionalidad administrativa.
Rodríguez señaló que el mecanismo de pensiones de gracia “hace tiempo está en tela de juicio”, especialmente por beneficios concedidos tras las protestas de 2019. Afirmó que el proyecto no solo fija inhabilidades, sino que también establece criterios para retirar el beneficio cuando corresponda, enfatizando que se trata de recursos públicos y llamando a que el Ejecutivo y el Congreso avancen en una nueva regulación.
La diputada republicana Paz Charpentier, coautora de la iniciativa, sostuvo que se busca terminar con lo que denominó “pensiones de desgracia”, aludiendo a beneficios entregados a personas condenadas por delitos vinculados a ese periodo. El texto diferencia categorías de pensiones de gracia y fija exigencias específicas para cada una, regula sus procesos de evaluación y refuerza los controles posteriores, manteniendo la atribución constitucional del Presidente de la República. Según Charpentier, el objetivo es corregir una situación que considera injusta para la ciudadanía.
