La Moneda puso en marcha un paquete de reformas migratorias. Ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Ejecutivo ingresó una propuesta que busca extender el plazo de detención de personas extranjeras con expulsión administrativa pendiente, hoy limitado a cinco días.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, explicó que la medida apunta a abordar una situación concreta: en múltiples casos, por razones diversas, quienes tienen una orden de expulsión firme requieren permanecer detenidos por más tiempo del actualmente permitido para concretar su salida del país.
Desde la oposición, la diputada Lorena Fríes (FA) advirtió que una detención que pudiera llegar hasta 180 días resultaría desproporcionada, considerando que las demoras en ejecutar expulsiones suelen obedecer a factores externos al individuo afectado.
En paralelo, el gobierno ingresó otro proyecto que amplía las figuras vinculadas al tráfico de migrantes. La iniciativa incorpora sanciones para quienes faciliten el traslado interno de personas que hayan ingresado de forma irregular al territorio nacional.
