“El marco de los tratados internacionales me obliga a distinguir entre adultos y jóvenes. Todas las indicaciones del Gobierno del presidente José Antonio Kast respetan esa normativa”. Con esa premisa, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió los cambios que el Ejecutivo presentará al proyecto que reforma la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, luego de que especialistas y parlamentarios advirtieran posibles conflictos con compromisos internacionales asumidos por Chile.
El debate ocurre tras la aprobación en general de la iniciativa en el Senado y en paralelo a las alertas de académicos convocados por la Defensoría de la Niñez, quienes sostienen que endurecer sanciones para adolescentes no ha probado disminuir la reincidencia y, en ciertos contextos, podría aumentarla. Frente a esas críticas, Rabat aseguró que las propuestas del Gobierno se enmarcan en el derecho internacional y negó que la reforma tenga un sesgo exclusivamente punitivo. “No solo estamos sancionando; hay un fuerte énfasis en la reinserción”, señaló en televisión.
Cambios propuestos a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente
El ministro indicó que las indicaciones buscan subsanar falencias de la normativa vigente. A su juicio, uno de los vacíos es que hoy no se consideran la reincidencia ni la reiteración de conductas al momento de definir las penas. Añadió, además, que un adolescente condenado a régimen cerrado puede pedir de inmediato la sustitución de la sanción.
Para corregirlo, el Ejecutivo propondrá que la reincidencia y la reiteración permitan elevar el tramo de la pena en ciertos supuestos. “Quien cometa dos o más delitos podrá ver incrementado el rango sancionatorio”, explicó. Asimismo, se limitará el acceso temprano a la sustitución de condenas para delitos graves: en estos casos, la solicitud no podrá presentarse de inmediato, y quedará supeditada al cumplimiento previo del 50% o, en otros escenarios, de dos tercios de la pena.
Trámite legislativo
El Senado aprobó en general la reforma por 37 votos a favor y 3 en contra. El proyecto apunta a robustecer la respuesta del sistema ante delitos graves cometidos por adolescentes, incorporando reglas sobre reincidencia, ajustes a las penas y cambios en medidas cautelares. No obstante, ya enfrenta reparos de académicos de diversas universidades, quienes sostienen que la evidencia no confirma que el aumento de sanciones reduzca la reincidencia y advierten que puede generar el efecto opuesto.
La iniciativa regresará ahora a la Comisión de Constitución del Senado para su discusión en particular. El plazo para presentar indicaciones vence el 17 de julio.
