Una nueva disputa involucra al concejal de San Felipe, Ronald Olivares, luego de que la alcaldesa Carmen Castillo anunciara que el municipio presentará acciones legales en su contra por conductas consideradas como maltrato.
El episodio ocurrió durante la última sesión del Concejo Municipal, instancia en la que Olivares acusó a la jefa comunal de utilizar de manera indebida las plataformas digitales institucionales para promover su imagen. La alcaldesa afirmó que, durante su intervención, el concejal elevó la voz y golpeó la mesa, hechos que calificó como un posible acoso. Añadió que estos comportamientos tendrían un componente de género, al reproducir estereotipos que sitúan a las mujeres en una posición de debilidad.
Castillo subrayó que respeta el rol fiscalizador y la libertad de expresión de los concejales, pero recalcó que esas facultades deben ejercerse con respeto, advirtiendo que lo ocurrido afecta el funcionamiento del Concejo Municipal.
La controversia se activó tras la intervención de Olivares, quien sostuvo que el uso de las redes sociales del municipio vulneraría el principio de impersonalidad y las normas de probidad, al destinar recursos y plataformas institucionales a resaltar a una autoridad, en lugar de informar a la comunidad. Frente a esas imputaciones, la alcaldesa interrumpió para pedir a la directora jurídica una respuesta inmediata, al considerar que se trataba de acusaciones graves.
Luego, la administración comunal señaló que existen criterios de la Contraloría sobre el uso de la imagen de autoridades en publicaciones oficiales. Indicó que la aparición de la alcaldesa se enmarca en actividades institucionales y que será el órgano contralor el que determine si hay o no un uso excesivo.
Este conflicto se suma a otros que rodean al concejal. En días recientes fue el único miembro del Concejo que no asistió al test capilar de drogas convocado por la municipalidad, al que sí concurrieron la alcaldesa y el resto de los ediles. Además, Olivares enfrenta un proceso ante el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, a partir de una solicitud de destitución presentada por el municipio y concejales, por presunta infracción al principio de probidad. Dicha acción deriva del episodio en que denunció un supuesto secuestro en Viña del Mar, versión que luego modificó al admitir que había salido a comprar drogas y alcohol y permaneció consumiéndolos, descartándose finalmente la existencia del delito.
