Una exfuncionaria de la Municipalidad de Copiapó quedó en prisión preventiva, acusada de manipular el sistema informático utilizado para emitir permisos de circulación, en una causa que estima un perjuicio fiscal superior a $30 millones.
La indagatoria, dirigida por la Unidad Anticorrupción e Investigación Especializada de la Fiscalía de Atacama, investiga presuntos delitos de fraude al fisco, cohecho, ilícitos informáticos y falsificación de documentos. En la misma causa fueron formalizados dos particulares.
En la audiencia, el fiscal Luis Miranda Flores detalló que la imputada —contratada a honorarios entre diciembre de 2020 y febrero de 2026— habría usado sus credenciales para alterar datos en la plataforma CAS Chile, recalculando de manera indebida los montos a pagar por permisos de circulación.
Las diligencias indican que estas modificaciones reducían ilegalmente los valores a cancelar e incluso eliminaban multas impagas asociadas a distintos vehículos.
El caso se destapó en marzo, cuando el dueño de un automóvil intentó gestionar su permiso de circulación. Según la Fiscalía, el hombre había contactado a un tercero para regularizar deudas en la Municipalidad de Río Claro y pagó más de $2 millones a la exfuncionaria para concretar el trámite mediante alteraciones del sistema.
Junto a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, se detectaron otras 92 operaciones similares. Entre ellas se incluyen vehículos de alta gama y automóviles de empresas, en los que se habrían modificado de forma irregular franquicias de discapacidad para disminuir el monto del permiso.
El fiscal Miranda señaló que la investigación sigue en curso y que, hasta ahora, se ha identificado a 30 beneficiarios de estas maniobras, sin descartar nuevos casos o involucrados.
El comisario Miguel Huerta, de la Bridec Copiapó, indicó que la pesquisa partió tras una denuncia del municipio por irregularidades en pagos de permisos de circulación. Añadió que se estableció que la exfuncionaria registraba en el sistema montos inferiores a los que recibía de terceros, posibilitando la emisión fraudulenta de permisos.
Con esos antecedentes, la PDI detuvo a los tres imputados: una mujer y dos hombres, todos chilenos y mayores de edad.
Durante la formalización, la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Copiapó solicitaron la prisión preventiva para la exfuncionaria por considerarla un peligro para la seguridad de la sociedad, medida que el tribunal acogió. Los dos particulares formalizados por cohecho quedaron con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
El Juzgado de Garantía estableció un plazo de seis meses para la investigación.
