La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) mantiene en su cargo a una educadora de párvulos que fue sancionada administrativamente por destruir registros vinculados a lesiones detectadas en un niño de casi dos años, quien al día siguiente fue víctima de abuso sexual y homicidio en 2022.
Según reveló un reportaje de Ciper, la funcionaria —hoy directora de otro jardín infantil en la Región Metropolitana— recibió una suspensión por tres meses y una disminución del 50% de su sueldo, tras un sumario que concluyó que eliminó un documento interno donde educadoras habían dejado constancia de diversas lesiones observadas en el menor antes de su fallecimiento.
De acuerdo con la investigación, al menos tres trabajadoras del establecimiento advirtieron moretones en distintas partes del cuerpo del niño y lo registraron en una bitácora interna. Pese a ello, la entonces directora subrogante no realizó la denuncia correspondiente ni activó los protocolos previstos para estos casos.
Caso de niño asesinado
Al día siguiente de las anotaciones y tras conocerse la muerte del menor, la funcionaria acudió de noche al jardín infantil y destruyó el documento que consignaba las lesiones. Posteriormente, ordenó rehacer el registro; una de las educadoras declaró que debió modificar el contenido porque la directora estimó que la descripción original era “muy fuerte”.
El sumario administrativo de la Junji determinó que la educadora incumplió sus deberes de protección hacia los niños a su cargo e intentó ocultar información relevante para el esclarecimiento de los hechos. En paralelo, la madre del niño y su padrastro fueron detenidos durante la investigación; dos días después, el acusado apareció muerto en su celda.
Sanciones menores
Pese a lo anterior, el proceso interno resolvió que no correspondía la destitución, considerando como atenuante que la funcionaria reconoció su responsabilidad y colaboró con la investigación. Consultada por Ciper, la Junji señaló que el procedimiento disciplinario concluyó y las sanciones se ejecutaron, y añadió que desde 2024 actualizó sus protocolos frente a vulneraciones de derechos de niños y niñas, reforzando capacitaciones y el deber de denuncia en sus equipos.
En forma paralela, la abuela paterna del menor, representada por la Fundación Amparo y Justicia, presentó una querella por infidelidad en la custodia de documentos públicos. La causa se resolvió mediante suspensión condicional del procedimiento, por lo que la funcionaria debió firmar mensualmente durante un año y ofrecer disculpas públicas.
Actualmente, la educadora continúa trabajando en la Junji como directora de un jardín infantil en la Región Metropolitana.
