Tras más de cuatro años de gestiones judiciales y diplomáticas, las autoridades de Países Bajos autorizaron la extradición de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien deberá volver a Chile para cumplir la condena que motivó su salida del país en 2022.
Según confirmó la Cancillería a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, mediante el oficio Nº2700 emitido el 6 de julio por la Dirección de Asuntos Jurídicos, los Países Bajos pusieron a disposición a la exautoridad para iniciar la etapa final del proceso de entrega. El tribunal habría remitido los antecedentes a Interpol Santiago, que ahora debe coordinar el equipo policial que viajará para asegurar su traslado.
Con la extradición encarrilada, el retorno de Rojo parece inminente. Una vez en territorio nacional, deberá cumplir una pena efectiva de cinco años y un día de presidio. No obstante, su defensa aún puede interponer nuevos recursos.
La decisión cierra uno de los tramos finales de un caso que se desató cuando Rojo abandonó Chile en marzo de 2022, horas después de que la Corte Suprema confirmara su condena. Vinculada políticamente a RN y la UDI, fue sentenciada por fraude al fisco y negociación incompatible, al acreditarse la contratación irregular de una consultora con fondos públicos durante su gestión en Antofagasta.
Tras salir del país aprovechando que no tenía prohibición de arraigo, se instaló en Países Bajos, donde fue detenida en julio de 2022 por una orden internacional de captura emitida por Chile. Desde entonces permanece recluida en la cárcel de Utrecht, a la espera de su entrega.
El trámite de extradición avanzó lentamente. En marzo de 2023, el Tribunal de Róterdam declaró admisible la solicitud presentada por el Estado de Chile, mientras se resolvían recursos y una petición de protección internacional. En ese periodo, Chile informó a las autoridades neerlandesas que el tiempo de prisión preventiva en ese país será abonado a la pena que deba cumplir en Chile y que, una vez extraditada, ingresará al Centro Penitenciario Femenino de Santiago.
Rojo no terminó su segundo período como alcaldesa. El denominado caso Main derivó en su destitución, inhabilitación para ejercer cargos públicos y condena por el desvío de cerca de $23 millones en recursos municipales. Luego vinieron las apelaciones, la fuga y un extenso litigio internacional que ahora entra en su fase final.
