El retorno de Karen Rojo a Chile es inminente. Con la autorización de las autoridades de Países Bajos para su extradición, la exalcaldesa de Antofagasta entra en la fase final de un proceso que se inició con su fuga en 2022. Ahora se abre un nuevo frente: definir cómo cumplirá la condena de 5 años y un día por fraude al fisco y cuánto de esa pena podría considerarse cumplido por el tiempo que permaneció privada de libertad en Europa.
El subdirector de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, Álvaro Hernández, confirmó que su traslado debiera concretarse durante este mes. Según la información entregada por Interpol Chile a través de la PDI, su arribo se proyecta para julio, entre una y dos semanas más, aunque aún sin fecha exacta.
Al llegar a Chile, si su ingreso se produce por Santiago, será trasladada bajo custodia y puesta a disposición del Juzgado de Garantía de turno del aeropuerto Arturo Merino Benítez para ejecutar la orden de detención vigente. Posteriormente, los antecedentes se remitirán a los tribunales de Antofagasta para iniciar la ejecución de la sentencia.
Su abogado, Fidel Castro Allendes, señaló que ese escenario estaba previsto por la defensa y que no los toma por sorpresa. Una vez en el país, Rojo deberá enfrentar las audiencias correspondientes para materializar el cumplimiento de la condena. La defensa insistirá en que se respeten los compromisos asumidos por el Estado chileno durante la tramitación de la extradición ante la justicia neerlandesa. En esa línea, la jueza de Garantía de Antofagasta, Marisol Melgarejo, recordó que cualquier solicitud en esta causa debe presentarse ante ese juzgado, que mantiene competencia en la etapa de ejecución.
El debate clave será cómo se computa la pena. La discusión sobre su responsabilidad penal está zanjada; lo que deben definir los tribunales es si los más de cuatro años que pasó recluida en la cárcel de Utrecht, mientras se resolvía la extradición, se descuentan de la condena impuesta en Chile. Desde el Ministerio Público explican que en estos casos se utiliza una certificación del país de detención que indica cuántos días estuvo privada de libertad por la solicitud de extradición —y no por otros delitos—, documento que el tribunal puede considerar para abonar esos días a la pena.
Con esa certificación, el tribunal resolverá cuántos días se descuentan efectivamente. Si ese tiempo se abona, Rojo podría quedar en condiciones de postular a beneficios penitenciarios, pues habría cumplido una parte relevante de la condena en el extranjero. Ese será uno de los argumentos que impulsará la defensa, que ya había intentado antes la conmutación de la pena alegando el tiempo de detención en Europa, gestión que fue rechazada en su momento.
