La Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente pidió al Cuarto Juzgado de Garantía agendar una audiencia para formalizar a 11 personas vinculadas al grupo Sartor, en el marco de la investigación por el colapso de su administradora de fondos. Entre los imputados figuran el excontrolador Pedro Pablo Larraín Mery y el empresario Michael Clark.
Según el escrito presentado por el fiscal Juan Pablo Araya, el Ministerio Público imputará delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa. Estos hechos habrían ocurrido entre enero de 2020 y la fecha.
Los formalizados serán Pedro Pablo Larraín Mery, excontrolador y expresidente de Sartor; su hermano Carlos Larraín Mery; Alfredo Harz Castro; Michael Mark Clark Varela; Óscar Ebel Sepúlveda; Mauro Valdés Raczynski; Miguel León Núñez; Rodrigo Bustamante García; Hugo Baranda Peralta; Sergio Yáñez Astete y Juan Carlos Jorquera Salhus.
La causa se originó tras las acciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) respecto del grupo Sartor, luego de detectar operaciones que llevaron a la revocación de la autorización de existencia de su Administradora General de Fondos a fines de 2024. Luego de ello, el Ministerio Público abrió una pesquisa penal para esclarecer posibles responsabilidades de exejecutivos y exdirectores. Durante 2025, varios de los hoy imputados fueron sancionados administrativamente por la CMF, entre ellos Pedro Pablo Larraín, Alfredo Harz, Michael Clark, Óscar Ebel, Juan Carlos Jorquera, Mauro Valdés, Miguel León y Rodrigo Bustamante. En semanas recientes, algunos declararon ante la fiscalía en calidad de imputados, entre ellos Larraín y Clark, antes de que se solicitara su formalización.
Una vez fijada la audiencia por el tribunal, la causa entrará en una nueva etapa procesal, en la que la fiscalía expondrá los antecedentes que respaldan los cargos atribuidos a cada uno de los acusados.
De acuerdo con antecedentes de la Unidad de Investigación de BioBioChile, los hechos bajo indagatoria se remontan a entre junio de 2016 y octubre de 2025. Se apunta a que un grupo de imputados, incluido Clark, habría diseñado un esquema para utilizar a Sartor AGF S.A. en el financiamiento de entidades relacionadas con sus propios dueños, socios o administradores, en contraposición al interés de los aportantes. En términos simples, se acusa que la administradora captó recursos de inversionistas, pero priorizó destinarlos a sociedades vinculadas, en lugar de buscar el mayor beneficio para sus clientes. Entre los afectados habría personas jubiladas que perdieron sus ahorros tras invertir en Sartor AGF. Fuentes de la investigación sostienen que parte de esos fondos podrían haber servido para financiar la compra de Azul Azul S.A., concesionaria que controla al club Universidad de Chile.
