La Contraloría General de la República instruyó a la Municipalidad de Viña del Mar a iniciar un sumario para esclarecer posibles responsabilidades administrativas por el uso de una cuenta institucional, a raíz de una denuncia vinculada al proyecto inmobiliario de Makroceano en las dunas de Concón.
La acción fue presentada por el abogado de la empresa, Rodrigo Andreucci, quien sostuvo que, tras la aprobación por parte de la Seremi de Vivienda de un anteproyecto, tres organizaciones ambientalistas interpusieron un reclamo de ilegalidad. Al revisar ese escrito ingresado al Poder Judicial, detectaron que habría sido elaborado desde un computador de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) del municipio viñamarino, utilizando la cuenta de una funcionaria, lo que motivó la presentación ante el órgano contralor.
Conocido el oficio, Andreucci afirmó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso que el municipio reconoció que la cuenta correspondía a dicha funcionaria, y que, por ello, la Contraloría ordenó indagar para determinar posibles faltas administrativas.
La Municipalidad de Viña del Mar, en un escrito, rebatió esa interpretación. Sostuvo que el documento de la Contraloría no individualiza responsables ni concluye la existencia de una infracción al principio de probidad, sino que dispone abrir un procedimiento para aclarar los hechos y, eventualmente, establecer responsabilidades.
El municipio añadió que ha observado intentos de forzar lecturas del pronunciamiento para favorecer intereses particulares, y lamentó que se pretenda atribuir al oficio afirmaciones que no contiene, especialmente por parte de quienes promueven la construcción en las dunas.
El proyecto de Makroceano obtuvo Calificación Ambiental Favorable en marzo, luego de que el Comité de Ministros, presidido entonces por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, acogiera un recurso de reclamación de la empresa. En respuesta, Gabriel Muñoz, abogado de la Fundación Yarur en defensa del Santuario Dunar, anunció que acudirán al Tribunal Ambiental con las acciones legales necesarias para revertir esa resolución.
La iniciativa contempla un edificio habitacional de nueve pisos en superficie y diez niveles subterráneos, con 149 departamentos.
