En los últimos meses, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ha ganado protagonismo en la agenda del Gobierno, en el marco de los esfuerzos por atraer inversión, reactivar proyectos y generar empleo, en un contexto en que la desocupación bordea el 10%.
Con ese telón de fondo, el Ejecutivo priorizó la reforma al SEIA para acelerar la tramitación de permisos y otros procedimientos, poniendo el foco en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). La propuesta inicial incluía suprimir el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental (Coevas). No obstante, esta semana el Gobierno retrocedió en ese punto y decidió mantener ambas instancias, estableciendo la obligación de que sesionen al menos diez veces al año.
Benjamín Muhr, abogado y director del estudio de derecho ambiental Moreno Sáez y Áviles, valoró el objetivo de acortar los tiempos de discusión y dar mayor agilidad al componente técnico. Sin embargo, advirtió que persisten dudas sobre el alcance real del cambio, dado que estas instancias seguirán expuestas a consideraciones políticas. A su juicio, aunque el Servicio de Evaluación Ambiental es un órgano administrativo y no político, su subordinación al Ministerio del Medio Ambiente hace inevitable cierta influencia del ámbito político.
En el Congreso, la iniciativa también generó reacciones. El diputado del PPD e integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Jaime Araya, destacó la disposición del oficialismo para debatir y planteó que el sistema debe contar con un mecanismo colegiado de resolución, similar al de otros reguladores nacionales. Sostuvo que las reclamaciones no deberían definirse por una autoridad unipersonal, sino por órganos colegiados con alta capacidad técnica, como ocurre en instituciones de referencia del país.
Desde el oficialismo subrayaron, además, las instancias de diálogo impulsadas para destrabar la agenda y agilizar los procesos. La diputada republicana e integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Chiara Barchiesi, enfatizó que el trabajo legislativo busca entregar certeza jurídica y enfrentar la “permisología”, y que el debate parlamentario permite ajustar los detalles para alcanzar dichos objetivos.
La reforma al SEIA se enmarca en el Plan de Reconstrucción Nacional promovido por el Gobierno, que apunta a dinamizar la tramitación ambiental, reactivar el interés empresarial, fortalecer la inversión y facilitar la ejecución de nuevos proyectos en el país.
