En Perú, Keiko Fujimori se alista para jurar como presidenta el 28 de julio tras imponerse en las elecciones. Mientras avanza la transición, ya asoma con nitidez su principal polo de resistencia: la región de Puno. Ubicada en la sierra sur, en la frontera con Bolivia, volvió a consolidarse como el bastión más sólido contra el fujimorismo.
En la segunda vuelta, la candidata obtuvo alrededor de 96 mil votos en Puno, frente a los 600 mil de su contendor Roberto Sánchez, según la ONPE. Cerca del 90% del electorado local votó en su contra. Ese bloque mantiene una postura de abierta oposición: cuestiona la legitimidad del triunfo, denuncia irregularidades y advierte que no aceptará una visita de la nueva mandataria.
Alexander Pilco Ticona, secretario general del Sutep Regional Puno, sostuvo que el proceso estuvo marcado por fraude y corrupción, y afirmó que en la región no reconocerán al próximo gobierno. No se presentaron pruebas de esas acusaciones. Para analistas locales, la resistencia no se explica solo por sospechas electorales, sino por un rechazo histórico al fujimorismo y por una lectura política propia de la zona.
El periodista Liubomir Fernández, corresponsal en Puno, señala que el voto puneño prioriza la reivindicación y no las promesas de obras. Recuerda que en 2023, durante el gobierno de Dina Boluarte, al menos 18 personas murieron en protestas en la región, mientras Fuerza Popular respaldó al Ejecutivo desde el Congreso. En Puno, demandar verdad y sanción por esos hechos es visto como una forma de reparación.
La distancia con el fujimorismo viene de largo. En 2021, Keiko Fujimori ya había sido derrotada ampliamente en Puno por Pedro Castillo. Según Pilco y Fernández, el origen de ese rechazo remite a los años del gobierno de Alberto Fujimori y a las denuncias que marcaron su gestión. Cada vez que Keiko ha postulado —2011, 2016, 2021 y 2026— la región la ha castigado en las urnas. Hoy, incluso se considera inviable una visita presidencial: sería tomada como una provocación, advierten dirigentes y familiares de víctimas de 2023, para quienes “las heridas siguen abiertas”.
La antropóloga Lady Sihuay, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, explica que Puno ha desarrollado cierta autonomía económica impulsada por emprendimientos locales. Pese a carencias y abandono estatal, la economía regional se ha fortalecido y con ello una identidad cultural propia. En ese marco, la relación que buscan con el Estado es horizontal: exigen cumplimiento de obligaciones y rendición de cuentas, lejos del paternalismo que —sostiene— persiste en otras zonas del país. Cuando desde Lima se intenta imponer una lógica vertical, Puno responde con movilización.
Fernández añade que el tejido social puneño, asentado en herencias quechua y aimara, fomenta respuestas colectivas más que individuales. Esa cohesión cultural explica la rapidez y firmeza de su reacción ante la confrontación.
De aquí en adelante, el escenario es incierto. El Sutep Regional anunció nuevas protestas en julio, en la antesala de la toma de mando. Voces locales recomiendan que Fujimori evite viajar a Puno hasta que existan condiciones políticas más propicias para el diálogo.
