En Perú, Keiko Fujimori se alista para asumir la Presidencia el 28 de julio tras imponerse en las urnas. Mientras avanza la transición, ya se perfila un núcleo claro de resistencia: la región de Puno. Situada en la sierra sur, en la frontera con Bolivia, volvió a consolidarse como el bastión más sólido contrario al fujimorismo.
En la segunda vuelta, la ONPE registró para Puno 96 mil votos a favor de Fujimori frente a 600 mil de su contendor, Roberto Sánchez, lo que refleja un rechazo cercano al 90% hacia la candidata de derecha. Ese bloque opositor no solo cuestiona la legitimidad del resultado, sino que denuncia irregularidades y anticipa que podría impedir una eventual visita presidencial a la zona.
Alexander Pilco Ticona, secretario general del Sutep Regional Puno, afirmó que el proceso habría estado marcado por fraude y corrupción, por lo que su gremio desconoce los resultados y la validez de un eventual gobierno de Fujimori. No obstante, más allá de esas denuncias sin pruebas presentadas, la postura puneña se explica por un rechazo histórico al fujimorismo y por una visión política arraigada en la región, señala el periodista Liubomir Fernández, corresponsal de La República. A su juicio, en Puno el voto busca reivindicación más que promesas de obras.
El antecedente inmediato que alimenta ese sentimiento es 2023, cuando, durante el gobierno de Dina Boluarte, al menos 18 personas murieron en la región durante protestas, mientras Fuerza Popular respaldaba desde el Congreso al Ejecutivo. Para Puno, exigir verdad, sanciones y memoria es parte de esa reivindicación. Fernández sostiene que el error de los gobiernos es creer que la ciudadanía solo demanda infraestructura, sin reconocer el peso de las definiciones políticas en su voto.
La distancia con el fujimorismo no es nueva. En 2021, Fujimori también fue ampliamente derrotada en Puno: 77 mil votos frente a 645 mil de Pedro Castillo. Pilco y Fernández vinculan esa resistencia con los años del gobierno de Alberto Fujimori y las denuncias contra su gestión. Para el dirigente del Sutep, cuando Keiko promete “mano dura” y gobernar como su padre, en Puno se interpreta como la reedición de políticas autoritarias y represivas.
Fernández recuerda que desde su primera postulación, Fujimori ha perdido siempre en Puno: en 2011 ante Ollanta Humala, en 2016 frente a Pedro Pablo Kuczynski, y nuevamente en 2021 y 2026. El rechazo es tan marcado que una visita presidencial se percibe inviable en el corto plazo. Raúl Samillán, vocero de las víctimas de las protestas de 2023, advierte que un desembarco en la zona solo profundizaría la confrontación, pues “las heridas están abiertas”.
Para la antropóloga Lady Sihuay, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la actitud de Puno guarda relación con una economía local dinamizada por emprendimientos regionales que han fortalecido cierta autonomía, pese a carencias y abandono estatal. Esa base material y un desarrollo cultural propio sustentan una relación que exige horizontalidad con el Estado: se demanda cumplimiento de obligaciones y rendición de cuentas, rechazando esquemas paternalistas.
Cuando esa horizontalidad se rompe y se intenta imponer verticalidad, Puno reacciona y se moviliza, afirma Sihuay. En la misma línea, Fernández destaca la cohesión social basada en herencias quechuas y aimaras: la respuesta es colectiva, a diferencia de dinámicas más individualizadas de otras ciudades como Lima o Arequipa.
El panorama inmediato es incierto. El Sutep Regional anunció nuevas movilizaciones de cara a la toma de mando. Voces locales sugieren que, por ahora, Fujimori debería evitar una visita a la región hasta que existan condiciones políticas más propicias para el diálogo.
