La investigación por el presunto fraude ligado a la automotora 21 de Concepción, en la región del Bío Bío, sigue sin avances, en un escenario comparable al caso de la automotora Cumbres de San Pedro de la Paz.
La abogada de las víctimas, Catalina Poblete, acusó una demora de ocho meses en las diligencias instruidas por la Fiscalía y advirtió la preocupación de sus representados ante la ausencia de resultados. Según indicó, la Brigada de Delitos Económicos de la PDI no ha remitido los informes solicitados en octubre del año pasado, los que serían clave para una eventual formalización.
A diferencia del proceso que afecta al dueño de la automotora Cumbres, Sebastián Vera, quien cumple arresto domiciliario total desde hace un mes, la causa por automotora 21 —que operó en avenida 21 de Mayo— no ha registrado avances relevantes, de acuerdo con lo planteado por la defensa de los afectados.
Entre los denunciantes, Rafael González relató que entregó su vehículo en consignación hace más de un año y sostuvo que la falta de movimientos en la causa despierta sospechas sobre una posible protección hacia los responsables. En la misma línea, Sandra Muñoz afirmó que traspasó una camioneta avaluada en 16,2 millones de pesos y que, tras la venta, no recibió el pago pactado. Expresó frustración por la ausencia de informes policiales y cuestionó la prolongada espera.
El caso está a cargo del fiscal Rodrigo Bascuñán y se originó a partir de una querella por apropiación indebida y estafa. Las diligencias investigativas fueron encomendadas a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
