La tarde de este lunes, la Comisión de Hacienda del Senado envió a la Sala la megarreforma promovida por el Gobierno del presidente José Antonio Kast. El proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional será debatido en particular por los senadores el próximo miércoles.
Durante la sesión, se aprobó por mayoría la norma de invariabilidad tributaria, considerada el núcleo de la iniciativa. El texto fija por 10 años las condiciones impositivas para inversiones de 50 millones de dólares; por 15 años para montos entre 50 y 350 millones; y por 20 años para las superiores a ese rango. Además, establece una tasa corporativa de 1,5% para las empresas que se acojan a la invariabilidad.
A la salida de la comisión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expresó su expectativa de que el proyecto sea votado esta semana en el Senado y que continúe su tramitación.
Sobre una eventual rebaja al impuesto específico a los combustibles, el secretario de Estado afirmó que la idea “nunca ha estado sobre la mesa” y que, al menos desde su cartera, no se ha considerado modificarlo por razones fiscales.
El senador Diego Ibáñez (FA) cuestionó con dureza el rol del ministro en la discusión, acusando que impuso su criterio y dejó fuera propuestas relevantes para las pymes. Señaló que solo avanzaron el “derecho al olvido” y el pago a 30 días, ambas catalogadas como inconstitucionales por el propio ministro, lo que —a su juicio— dificulta cualquier diálogo. Advirtió además que, si cambia la mayoría parlamentaria, buscarán eliminar la invariabilidad tributaria y los beneficios que —según dijo— favorecen a grandes empresas.
En contraste, el senador Iván Moreira (UDI) sostuvo que el oficialismo confía en lograr la aprobación, incluso por un margen estrecho, con el objetivo de impulsar el bienestar general.
La senadora Daniela Cicardini (PS) criticó la medida de invariabilidad al considerar que favorece a una minoría en desmedro de la mayoría. No obstante, valoró la aprobación de la indicación sobre olvido financiero, de su autoría, que busca eliminar registros bancarios adversos que mantienen a muchas personas en “listas negras” e impiden su acceso a crédito. Destacó que la propuesta recibió apoyos transversales en la comisión y expresó su deseo de que la Sala la ratifique.
