“El cambio ha sido en la gestión”, afirma la ministra Francisca Toledo.
Acelerar la evaluación ambiental se convirtió en una de las principales apuestas del Gobierno para dinamizar la inversión y el empleo. De acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, en los primeros meses de la actual administración se aprobaron 97 proyectos que, según lo declarado por las propias empresas, requerirían 30.353 trabajadores en sus fases de construcción y operación.
Mientras La Moneda sostiene que la mayor celeridad obedece a una gestión más eficiente y no a un relajamiento de las exigencias, diputadas y diputados de la Comisión de Medio Ambiente advierten sobre el riesgo de oponer crecimiento económico y protección ambiental.
30 mil empleos por proyectos aprobados: el Gobierno descarta rebaja de estándares
La administración de José Antonio Kast busca instalar la idea de que destrabar inversiones también impulsa la creación de empleo, y para ello ha imprimido velocidad a la tramitación ambiental. Entre el 11 de marzo y el 30 de junio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) visó 97 iniciativas que, según las cifras comprometidas por las firmas durante su evaluación, totalizan una demanda de 30.353 puestos de trabajo. La inversión asociada ronda los US$16.984 millones.
La Región Metropolitana encabeza las proyecciones de empleo con 8.023 cupos, seguida por Biobío con 6.244 —impulsada principalmente por la ampliación del Mall Plaza El Trébol—, y más atrás se ubican Antofagasta (5.026) y Valparaíso (4.809).
La ministra Francisca Toledo precisó que se trata de estimaciones de mano de obra informadas por los titulares de los proyectos y no de empleos efectivamente creados. Además, el Estado no realiza seguimiento posterior de esas proyecciones.
En medio del énfasis oficial en acelerar la tramitación para mover la inversión y el empleo —una línea celebrada por algunos y cuestionada por otros en la Comisión de Medio Ambiente—, Toledo niega cualquier flexibilización de la evaluación, cambios en criterios técnicos o rebaja de exigencias.
—¿El SEA ha recibido instrucciones para privilegiar aprobaciones, considerando la prioridad gubernamental en crecimiento económico?
“No. El mandato es que las instituciones cumplan la ley y funcionen con mayor eficiencia. En el SEA eso implica evaluar con rigor técnico y decidir dentro de los plazos legales, no aprobar más proyectos”.
—¿Puede asegurar que no se han aprobado iniciativas con estándares inferiores pese a la presión por acelerar?
“No se modificaron criterios técnicos ni se rebajaron exigencias. Lo que ha mejorado es la gestión. Los estándares son los de la legislación vigente y rigen por igual para todos los proyectos, independiente del gobierno”, zanjó la ministra.
Empleo sí, pero no a cualquier precio
La estrategia del Ejecutivo genera cautelas. El diputado Jaime Bassa (Frente Amplio), integrante de la Comisión de Medio Ambiente, sostiene que el debate no debe reducirse a elegir entre crecimiento y protección ambiental. “Nadie puede oponerse a más empleos. El problema surge cuando se instala la idea de que para crecer hay que debilitar la institucionalidad ambiental”. A su juicio, los proyectos requieren certeza jurídica, reglas claras, participación ciudadana y evaluaciones técnicas sólidas. “Chile no tiene que optar entre empleo y medio ambiente: el desafío es un desarrollo sostenible con altos estándares”, remarca.
Desde la vereda opuesta, el presidente de la Comisión, Guillermo Ramírez (UDI), respalda la hoja de ruta del Gobierno y subraya la prioridad del empleo. “Para el Gobierno el empleo es central, y hoy es uno de los problemas más sentidos por la ciudadanía”. Asimismo, destaca el papel del Comité de Ministros en acelerar definiciones: “Se ha reunido más veces que en todo el gobierno anterior para destrabar proyectos y así generar más trabajo”.
La discusión excede el conteo de puestos. Mientras el Ejecutivo impulsa aprobar con mayor rapidez sin rebajar estándares, también avanza en una reforma al SEIA orientada a simplificar la “permisología”. Esta semana, sin embargo, retrocedió en la idea de eliminar el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental (Coevas), aunque mantuvo el objetivo de agilizar el sistema fijando un mínimo de diez sesiones anuales para ambas instancias.
