David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue condenado este martes por la Audiencia de Badajoz a nueve años de inhabilitación para empleo público como cooperador necesario en un delito de prevaricación administrativa.
Las acusaciones populares reclamaban penas de prisión de entre tres y seis años, mientras que la Fiscalía solicitó su absolución. Sánchez estaba investigado por prevaricación y tráfico de influencias en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz y el posterior cambio de denominación de su puesto.
La sentencia lo absuelve, junto a otros diez procesados, del cargo de tráfico de influencias, pero lo condena por su participación necesaria en la modificación del nombre de su puesto de trabajo.
El caso ha generado controversia política. El PSOE atribuye la causa a una ofensiva de la derecha y la ultraderecha basada en bulos y con fines partidistas.
En el mismo procedimiento, la Audiencia impuso 18 años de inhabilitación al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por prevaricación administrativa en la contratación de David Sánchez y de Luis Carrero, allegado de éste.
La investigación se abrió en 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias, organización vinculada a la ultraderecha, que cuestionó el proceso de acceso al puesto por parte del hermano del presidente.
La jueza instructora apreció indicios de que la plaza desempeñada por David Sánchez habría sido diseñada para un familiar del jefe del Ejecutivo y ordenó continuar las diligencias. El 5 de febrero de 2025, Sánchez dimitió como jefe de la Oficina de Artes Escénicas y, en abril de ese año, fue procesado por prevaricación administrativa y tráfico de influencias junto a otros responsables de la Diputación. La defensa sostuvo que el acusado localizó la oferta por internet y que no intervino ni en la creación ni en la adjudicación del puesto.
La condena se fundamenta en el cambio de denominación de su cargo: la plaza a la que accedió en julio de 2017 como coordinador de los conservatorios de Badajoz pasó a llamarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022. Según la sentencia, ello supuso una alteración sustancial del puesto, reconfigurándolo como personal de alta dirección y eliminando su régimen de incompatibilidades, con la finalidad de adecuarlo a las preferencias de David Sánchez.
Tras conocerse el fallo, la ministra portavoz, Elma Saiz, manifestó que el Gobierno confía en que instancias judiciales superiores revoquen la decisión y acrediten la inocencia del condenado cuando se resuelva el recurso. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que la resolución evidencia que nadie está por encima de la ley y reiteró su petición de dimisión del presidente. Desde la izquierda parlamentaria, Gabriel Rufián (ERC) denunció una persecución judicial, mientras que Alberto Ibáñez (Compromís) calificó la pena de desproporcionada y advirtió de su efecto disuasorio. El secretario general de Vox, José María Figaredo, celebró la condena con duras palabras contra los implicados.
Además, otro frente judicial afecta al entorno del presidente: su esposa, Begoña Gómez, está siendo investigada por presunto tráfico de influencias y malversación relacionados con su actividad en una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid.
