El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una ofensiva para “desmantelar” la Corte Penal Internacional (CPI), a la que calificó como “una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense”.
En un mensaje grabado, Rubio sostuvo que la CPI pretende atribuirse la facultad de “procesar e incluso encarcelar” a militares y funcionarios de su país que, según dijo, actúan en defensa del interés nacional. Señaló que se trata de una institución lejana y poco conocida por el público estadounidense, pero que, a su juicio, libra “una guerra” contra Estados Unidos mediante “estatutos, pactos y acuerdos internacionales”, no con armas convencionales.
El funcionario afirmó que la CPI opera con el respaldo de “ONG de izquierda, globalistas arrogantes y gobiernos hostiles del Tercer Mundo”, a los que acusó de compartir animadversión hacia Estados Unidos. Argumentó que agentes de la Patrulla Fronteriza, infantes de Marina y fiscales federales podrían quedar expuestos a acciones penales por cumplir con sus funciones, lo que, según él, pondría en riesgo la capacidad del país para defenderse.
Rubio advirtió que la injerencia del tribunal en operaciones militares y policiales estadounidenses supondría una “grave extralimitación” y conduciría al “fin” de Estados Unidos como nación soberana. Insistió en que someterse a la CPI significaría ceder el control del destino nacional a una “comunidad internacional” y reafirmó que la independencia es un derecho que no están dispuestos a intercambiar por “el dominio de un clero autoproclamado del derecho internacional”.
La campaña anunciada por el Departamento de Estado contempla vetar el ingreso a territorio estadounidense al personal de la CPI y ampliar las sanciones contra sus miembros y entidades vinculadas. Además, insta a los países que cooperan con las fuerzas de Estados Unidos, o que dependen de su paraguas de seguridad, a rechazar la “supuesta autoridad” del tribunal para juzgar a funcionarios y militares estadounidenses.
El gobierno de Donald Trump prevé convocar a embajadores y altos funcionarios extranjeros para exponer lo que califica como “abusos” de la CPI y promover su retiro del organismo. Washington también aumentará el escrutinio sobre los países que se nieguen a desconocer la autoridad del tribunal mientras continúan recibiendo asistencia estadounidense.
