Con los alegatos de apertura comenzó en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, en la región del Biobío, el juicio contra integrantes de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), imputados por el ataque armado contra la familia Grollmus ocurrido en agosto de 2022. La Fiscalía adelantó que entre las pruebas clave contra los 21 acusados figuran declaraciones de 11 testigos protegidos.
Esta fue la primera de 37 audiencias fijadas, las que se desarrollarán de manera remota. Solo algunos familiares de los imputados asistieron presencialmente al tribunal, que operó bajo un amplio despliegue de seguridad. Tras la lectura de cargos formulados por el Ministerio Público, se iniciaron los alegatos. El fiscal Danilo Ramos expuso cómo, según la investigación, los 21 miembros de la RML planificaron y ejecutaron el atentado.
De acuerdo con su relato, alrededor de 30 personas —entre ellas 19 adultos y 3 menores acusados— ingresaron a un predio en Contulmo para incendiar inmuebles y atentar con armas de fuego contra los Grollmus. Describió que un primer grupo bloqueó accesos, mientras otro ubicó vehículos sustraídos y un automóvil particular para cerrar la entrada. Luego, un individuo ingresó a la vivienda, inició focos de incendio y efectuó disparos hacia la casa, sabiendo que en su interior estaban Hellmuth y Cristian Grollmus.
Ramos detalló que todos los imputados se encuentran en prisión preventiva, incluido quien es sindicado como líder de la RML, Federico Astete. La acusación contempla peritajes balísticos, informes técnicos y material fotográfico, además de las declaraciones de testigos reservados, cuya identidad se mantendrá protegida por razones de seguridad. Según el fiscal, estos testimonios aportarían información pormenorizada sobre la organización del grupo, la identidad de sus integrantes y su vínculo con la RML en los hechos del 29 de agosto.
La Delegación Presidencial, representada por el abogado querellante Francisco Castro, también presentó su alegato de apertura. Los cargos incluyen homicidio frustrado, incendio, disparos injustificados y robo con violencia. Las eventuales penas van desde 10 años de internación para los menores de edad hasta presidio perpetuo para los adultos.
