El Gobierno del Reino Unido informó la nacionalización de British Steel tras fracasar las conversaciones con su anterior dueña, la china Jingye, para asegurar la continuidad del negocio. El traspaso a manos públicas es inmediato y llega después de la entrada en vigor, con sanción real, de la Ley de Nacionalización de la Industria del Acero, que declara al sector de interés estratégico para el país.
La nueva normativa prevé la designación de un perito independiente que determine si corresponde compensación a Jingye. Además, se nombrará un equipo directivo encargado de estabilizar la planta, reforzar la seguridad y la salud laboral, sostener la producción y coordinarse con la gerencia, los sindicatos y la plantilla para convertir a British Steel en una compañía viable y de bajas emisiones.
El Ejecutivo subrayó que el acero es clave para la economía británica, al sustentar grandes obras, el transporte, la energía y la defensa. No obstante, apuntó que el exceso de capacidad global, la competencia desleal y los altos costos han lastrado a las productoras locales, dificultando su competitividad e inversión. Tras no lograr un acuerdo con Jingye que resguardara el dinero público, el Gobierno optó por la nacionalización, después de haber intervenido ya en abril de 2025 con apoyo financiero para mantener en marcha los altos hornos y evitar un cierre repentino.
La medida forma parte de una estrategia más amplia para apuntalar la siderurgia, aprobada en marzo, que fija como meta que hasta la mitad del acero utilizado en el país sea de origen nacional. En esa línea, el Gobierno redujo en un 51% las cuotas de importación libres de arancel para el acero y otorgó 500 millones de libras a Tata Steel para impulsar la reconversión ecológica de su planta de Port Talbot, en Gales.
El primer ministro, Keir Starmer, afirmó que British Steel es parte del tejido nacional y un pilar industrial. Sostuvo que la decisión asegura el futuro de la producción de acero en el Reino Unido, protege empleos cualificados y mantiene una capacidad clave. Los sindicatos celebraron la nacionalización, al considerar que contribuirá a preservar miles de puestos de trabajo y aportará estabilidad a un sector que ha atravesado numerosas dificultades en los últimos años.
