La causa penal vinculada a las gestiones que la entonces diputada Karol Cariola realizó a favor del empresario chino Emilio Yang, dueño de la cadena China Mart, avanzó a una nueva fase tras el retiro de los querellantes.
Los diputados republicanos Luis Sánchez y Juan Irarrázaval ingresaron un escrito ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en el que se desistieron “de manera completa y total” de la querella por un presunto tráfico de influencias. En el documento subrayaron que la acción penal no estaba dirigida contra una persona específica.
Horas después, el abogado de Karol Cariola, Juan Carlos Manríquez, presentó un escrito aceptando formalmente el desistimiento, conforme al artículo 401 del Código Procesal Penal.
El retiro de la querella, sin embargo, no extingue automáticamente el proceso. Dado que la Fiscalía ya había iniciado una indagatoria de oficio y realizado diligencias, será ahora el Ministerio Público quien determine si mantiene la persecución penal o si solicita el cierre de la investigación.
El caso se originó tras la incautación del teléfono celular de la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en el contexto de la investigación por la compra de la ex Clínica Sierra Bella. En el análisis del dispositivo surgieron conversaciones con la diputada Cariola, en las que esta pedía gestiones para abordar problemas que afectaban al empresario Emilio Yang con la Municipalidad de Santiago.
La difusión de esos mensajes motivó una investigación por posible tráfico de influencias y encendió un intenso debate político. Desde la oposición se sostuvo que debía aclararse si hubo un uso impropio de la posición parlamentaria; en el oficialismo, en cambio, señalaron que se trataba de gestiones habituales de autoridades en favor de ciudadanos y emprendedores, descartando la existencia de delito.
Con el desistimiento, el proceso pierde uno de sus principales motores políticos. Aun así, el destino de la causa queda en manos de la Fiscalía, que deberá ponderar si los antecedentes reunidos justifican seguir adelante o poner término a la indagatoria.
Caso China Mart: las razones de los querellantes
Aunque los diputados que impulsaron la acción optaron por no declarar, fuentes del Partido Republicano señalaron que la determinación obedece a una definición institucional orientada a “disminuir la judicialización en el debate político”, reservando querellas y denuncias para casos excepcionales en que sean imprescindibles para activar una investigación. En esa línea, explicaron, buscan fortalecer la autonomía de las instituciones y reducir el uso de herramientas judiciales en controversias políticas.
